La policía colombiana califica de "drama social" el caso de la pareja española detenida por comprar un niño

"Es un drama social que involucra a dos familias: una que quiere tener un hijo y otra que, por necesidad, quiere vender a su bebé; detrás una red de sin escrúpulos que se aprovechan de este drama" , dijo a este periódico el coronel Herman Bustamante, director del Das - policía secreta- de Manizales, al referirse a la pareja de españoles acusada de intento de adopción ilegal de un bebé. Sebastián Lozano y Trinidad Borja, -de 38 y 27 años, respectivamente-, comerciantes de Barcelona llegaron a esa ciudad, capital de la provincia cafetera de Caldas, el trece de febrero con la idea de adoptar un pequeño. El pasado viernes fueron detenidos cuando pretendían obtener de "forma irregular el pasaporte de un bebé de tres días de nacido" que presentaban como propio y nacido en Colombia. La historia empezó en Zaragoza. Allí una amiga informó a la pareja que en Colombia todo se podía obtener con dinero. "Comprar un niño es como comprar frutas" les dijo y les dio un contacto. Al llegar a Manizales trataron de hacer la gestión legalmente. Pero en Bienestar Familiar -entidad que en Colombia se encarga de gestionar las adopciones- los desilusionaron: los trámites se podían demorar hasta 3 años. Apareció, entonces, el contacto: "Tranquilos tengo un niño que se pueden llevar sin problemas" .

Viajaron a Chinchiná, población cercana, y regresaron con el bebé recién nacido de una pareja muy joven y muy pobre, padres ya de 6 hijos.

Sebastián y Trinidad pagaron unas 850.000 pesetas por el niño. Ahora están detenidos y se les acusa de falsedad en documento, alteración de estado civil y adopción ilícita. El bebé se encuentra bajo la tutela del Bienestar Familiar. Los padres biológicos, paradójicamente, parecen los más tranquilos. "No han soltado ni una lágrima", cuenta el coronel Bustamante. La madre confesó que el hambre la había llevado a vender a su último hijo. El padre, hasta hace poco chófer de taxi, está en el paro.

Ayer el Das expidió un comunicado sobre el caso que tituló "La adopción ilegal, un lucrativo negocio que involucra a incautos extranjeros". En él se habla de una red dedicada a " la adopción ilegal de menores, con el apoyo de profesionales encargados de adelantar trámites en despachos públicos". Algunas veces los funcionarios también son víctimas del engaño; otras veces son cómplices y facilitan las diligencias ilícitas.

El coronel Bustamante aseguró que en coordinación con Interpol se estudiará si, en este caso, se trata de una red organizada que maneja contactos desde España.