Un parque natural en extinción J. J. PÉREZ BENLLOCH

En estos preludios del fragor electoral parece que, en el País Valenciano, los asuntos mediambientales no suscitan el interés de los candidatos. Por ahora, al menos. Sin embargo, los problemas no faltan y algunos tienen ya visos del escándalo, como es el caso del Parque Natural de Pego-Oliva, donde el marjal es sistemáticamente esquilmado por las apetencias particulares. Frente al desastre, la consejería del ramo apenas tiene otra cosa que palabras analgésicas, que no frenan el desastre ni apuntan soluciones. Por desgracia, ese espacio singular tan solo es noticia por los desmanes que están aniquilando su humedad, flora y fauna. Levantar acta de las tropelías no parece el remedio más eficaz.

El consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, es, contra lo que muchos opinan, un personaje de carne y hueso. Su departamento existe en el organigrama de la Generalitat y de vez en cuando se hace notar entre los acontecimientos de la actualidad. De alguna manera hay que justificar la nómina. También es verdad que resulta perfectamente prescindible a tenor de la ignorada política que desarrolla, pero hoy por hoy constituye un adorno que ningún jefe de gobierno se permite declinar, por más que no sirva sino para maquillar las aparentes y en todo caso subalternas preocupaciones ecológicas que ilustran los programas políticos.De este consejero, pues, podemos dar fe porque de uvas a peras se siente obligado a decir alguna palabra, al margen de que nos parezca menos o nada afortunada. Estos días pasados, y eso merece ser subrayado, ha sacado por lo visto fuerzas de flaqueza y nos ha sorprendido con una declaración pasmosa: en el parque natural de Pego-Oliva, ha venido a decir, hay un conflicto social y ambiental grave. Jolines, a eso se le llama tener vista y redaños para denunciar una situación. De no ser porque la degradación y allanamiento de ese paraje singular es un hecho tan antiguo como escandaloso diríamos que Modrego es un tipo temerario.

Como el lector sabe, el marjal de Pego, que no el recayente en el término municipal de Oliva, viene siendo un espacio gobernado por la ley de los atentados consumados y conducentes a su aniquilación como reserva natural protegida. Se desecan sus lagunas, se desvían sus corrientes de agua, se colmatan los terrenos y transforman los cultivos. Y todo se hace sin disimulo, incluso con descaro y desafío a la autoridad establecida, ciertamente inoperante si nos atenemos a la dimensión de los desmanes ejecutados a plena luz del día.

Limitémonos a señalar a tal efecto, y según el seguimiento que ha elaborado Acció Ecologista Agró, que sobre el total del parque (1280 Has.), el marjal ocupaba en 1966 el 70,3 %. En 1999, esta superficie protegida se había reducido al 26,9 %. El arrozal, entre ambas fechas, se había extendido de cero a 350 Has. y los cultivos varios se habían duplicado, ocupando actualmente 440 Has. El espacio de protección especial, en ese mismo periodo, se reducía de las 900 Has. a las 345. O sea, un encogimiento sistemático -y destrucción- de la zona protegida en beneficio de los intereses particulares. Ya se desprende de lo dicho que todos estos cambios se efectúan conculcando los planes de ordenación aprobados. Y el proceso sigue su fatal destino.

Y es en este momento, cuando el alcalde de Pego, el extravagante Carlos Pascual, y sus huestes hacen mangas y capirotes de la legalidad vigente, decimos, cuando el consejero nos sale con el referido diagnóstico, complementado con la pastoral del diálogo. "Se necesita un acercamiento entre todos para encontrar una solución", alecciona. A buenas horas. ¿Y qué clase de acercamiento postula el aguerrido político? Sobre todo, ¿cómo lo va a propiciar? Porque bien puede acontecer que la solución postulada se concierte el día que el asfalto sustituya al humedal y un parque temático -parque, al fin y al cabo- haya desahuciado la fauna, aniquilado la flora y enriquecido a los causantes del desastre.

Se argüirá que, tal como pinta el asunto, habrían de ser los jueces quienes sentasen la mano a los culpables de la desecación del marjal. Pero esa es sólo una parte de la solución, que ha de ejercerse a todo trance. Pero al mismo tiempo y aun prioritariamente compete a la Administración arbitrar esos acuerdos previsores del conflicto social y tomar las medidas cautelares necesarias para impedir los atropellos irreversibles. Claro que para eso se requiere una verdadera conciencia medioambiental, y no confundir ésta con un adorno. El consejero debería darnos alguna muestra de no ser un florero.