Abortos de alto riesgo penal La interrupción del embarazo se practica en España en condiciones sanitarias seguras, pero persiste el riesgo de complicación judicial

Quince años después de haberse aprobado la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, abortar en España sigue comportando el riesgo de acabar en la cárcel o, cuando menos, ante los tribunales. Basta que haya un novio despechado, un marido vengativo o, simplemente, alguien que las quiera mal, para que las mujeres que se han sometido al aborto y los médicos que han intervenido en la operación se vean en el banquillo.A veces, el afán persecutor se ceba en sus víctimas antes incluso de que se haya producido el aborto. Así ocurrió hace un año en Valencia, en un incidente judicial considerado el colmo de los despropósitos. El día 8 de enero, agentes en funciones de policía judicial se presentaban en la clínica Acuarium en busca de una mujer de Murcia que, según la documentación que obraba en su poder, iba a abortar ese día allí. Estupefacción general. ¿Cómo era posible tamaño celo? ¿Cómo se producía semejante despliegue contra un delito aún no cometido?

Era posible por la concurrencia de un marido despechado y unos jueces que en esta ocasión mostraron una insólita diligencia, pues en el mismo día se había admitido la denuncia en Murcia, se había remitido por fax al juzgado de guardia de Valencia y se habían dictado las medidas para que la policía se personara en la clínica. Todo eso en cuestión de unas horas. La respuesta de la clínica fue escueta: "No tenemos previsto asistir a ninguna señora con ese nombre".

Toda esta operación se montó a partir de una denuncia aceptada por los siguientes "hechos": "Que el denunciante contrajo matrimonio con la denunciada en 1991. Que fruto de ese matrimonio han nacido dos hijos. Que en los últimos cinco meses las relaciones con mi esposa se han deteriorado seriamente, hasta llegar a la separación el pasado mes de octubre. Que mi esposa me ha comunicado que está embarazada y que el presente 8 de enero le van a provocar un aborto ilegal en la clínica Acuarium de Alicante. Que por entender que los hechos pueden ser constitutivos de delito y por desear tener el hijo que se pretende abortar, intereso todas las medidas necesarias a fin de que no se practique el aborto denunciado". Además, el marido pide que se cite a declarar a la denunciada y "que sea reconocida por un médico forense".

Resultaba insólito, como insólita les pareció a los responsables de las tres clínicas que entonces practicaban abortos en Zaragoza otra providencia judicial, en este caso de un juez del Registro Civil: que en adelante se comuniquen todos los abortos que se practiquen. Las clínicas recurrieron alegando que la ley que invocaba el juez sólo obligaba a registrar los fetos de más de 180 días y la inmensa mayoría de los abortos no superan las 22 semanas. Finalmente el asunto quedó archivado, pero por algún tiempo, una sombra se cernió sobre la actividad de las clínicas.

En realidad, la sombra, más o menos tupida, no desaparece nunca, porque, aunque el aborto se practique de acuerdo con todos los requisitos legales, no significa que no haya problemas. Basta que alguien quiera mal a alguien.

Un conflicto familiar de este tipo fue el que llevó a la doctora Norma Giménez a una peripecia judicial de la que apenas hace seis meses que ha salido, y no indemne precisamente, pues, si bien fue indultada en julio pasado y vuelve a trabajar como psiquiatra en la clínica Buenavista de Oviedo, ahí están los antecedentes penales que emborronan ya para siempre su biografía legal. "En realidad, era una situación absurda, pero muy común: una chica de 22 años que tenía problemas con el novio, estaba embarazada y no quería casarse con él. La chica sufría crisis graves de angustia y acudió a abortar con una tía suya que se había hecho cargo de ella porque sus padres estaban en Alemania. Las desavenencias entre ellos provocaron que la familia del novio presentara denuncia contra la chica y contra la clínica", recuerda Norma Giménez.

El problema es que la demanda se tramitó en Oviedo, donde en todos los estamentos, desde el Colegio de Médicos hasta las más altas instancias de la judicatura, predominan posiciones ultraconservadoras en relación al aborto. Su caso es uno de los que ha saltado a los diarios en esta legislatura, como los de Germán Sáenz Santamaría o Gerrit Jan Bosma, y fue objeto incluso de una proposición de ley que instó al Gobierno a concederle el indulto.

Ahora que todo ha terminado, Norma Giménez resume en una palabra la sensación que le queda: "Indefensión". "En los interrogatorios del juez instructor, nunca tuve la impresión de que buscara la verdad, sino hacerme caer", recuerda. En todo el proceso, que llegó al Supremo, nadie examinó a la chica para determinar si realmente había causas psiquiátricas que justificaran el aborto. La sentencia que condenaba a Norma Jiménez a seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación, junto al ginecólogo Antonio Martín, se basaba en un informe forense hecho sobre el informe de la psiquiatra. Muchas veces, las clínicas hacen informes psiquiátricos poco concretos, a petición de las mujeres, para evitar que luego puedan ser utilizados contra ellas en conflictos por la custodia de los hijos. Pero a veces lo pagan caro.