La fiscalía y la Generalitat polemizan por la clasificación de los reclusos

La fiscalía de vigilancia penitenciaria y el Departamento de Justicia de la Generalitat mantuvieron ayer una polémica en torno a la clasificación de los reclusos en régimen abierto o tercer grado. Mientras que el fiscal opina en su memoria del año pasado que se ha producido un "espectacular aumento" de esta clasificación para "mantener apaciguada a la población reclusa", la Dirección General de Servicios Penitenciarios lo desmiente y afirma que las cifras oficiales demuestran todo lo contrario.

El fiscal de vigilancia penitenciaria Javier Faus explica en su memoria del pasado año citada por la agencia Efe que la Generalitat concedió en 1999 1.125 clasificaciones de tercer grado a reclusos, lo que les permitió acudir a la cárcel únicamente a dormir. Del mismo modo, esa memoria asegura que a otros 206 presos se les aplicó el artículo 86.4 del reglamento penitenciario, que permite ejercer un control sobre el preso sin que éste haya de acudir a pernoctar a la cárcel, frente a las 40 decisiones en idéntico sentido que se produjeron en 1998.El fiscal Faus declaró a este diario que el aumento en la concesión del tercer grado penitenciario se explica porque cada vez existe más población que está cumpliendo condena en aplicación del Código Penal de 1995, en el que no se prevén redenciones de penas por trabajo, al contrario de lo que ocurría en el texto derogado de 1973.

"Suprimidas las redenciones, está claro que la Administración trata de buscar fórmulas para incentivar los comportamientos de los reclusos", explicó Faus. "Algunas de esas fórmulas nos parecen adecuadas y otras no, y por eso recurrimos contra ellas", añadió el fiscal de vigilancia penitenciaria, quien el año pasado recurrió ante los tribunales contra la concesión de 175 casos de tercer grado, frente a los 88 de 1998.

Más recursos

Fuentes judiciales explicaron en este sentido que, efectivamente, la sección novena de la Audiencia de Barcelona -encargada de resolver los recursos de vigilancia penitenciaria- ha experimentado en los últimos meses un incremento de los recursos contra la concesión de tercer grado, así como contra otras decisiones administrativas que pueden beneficiar a los presos y reducir, por tanto, la población reclusa.

Frente a estas opiniones, el director general de Servicios Penitenciarios, Francesc Jiménez Gusí, afirmó que las cifras que recoge la memoria de la fiscalía no se ajustan a la realidad. En este sentido, explicó que el año pasado no sólo no aumentaron las clasificaciones de internos en tercer grado, sino que se redujeron si se comparan los 1.125 casos con los 1.790 que se otorgaron en 1998: 812 clasificaciones en fase inicial, 900 en régimen de progresión y 78 presos que se mantuvieron en ese grado.

Del mismo modo, la Administración penitenciaria explica que la aplicación del citado artículo 86.4 afectó el año pasado a 135 personas, no a 206 como asegura la memoria de la fiscalía. Según la Generalitat, desde que se empezó a aplicar el nuevo reglamento penitenciario en 1996 el número de internos que se han acogido a este beneficio ha sido de 266. Jiménez Gusí recordó, por otra parte, que la clasificación de reclusos en tercer grado no se realiza con criterios estadísticos, "sino en función de la situación de cada preso".