Todos los partidos reclaman que los consejeros asistan a consejos de la Unión Europea

Nadie discute en el arco parlamentario andaluz que la Unión Europea (UE) es un buen negocio para la región. El saldo final del dinero de Bruselas que va a Andalucía todos los años, se sitúa en torno a los quinientos mil millones de pesetas. Se trata de fondos estructurales por un valor superior a los 200.000 millones de pesetas, para infraestructuras, medio ambiente, formación profesional y modernización agrícola; más de 250.000 millones como ayuda a la renta de los agricultores y a la producción agraria, y unos 8.000 millones para investigación y desarrollo.Los llamados fondos estructurales, están destinados acercar la renta de las regiones más subdesarrolladas a la media comunitaria. En la última comparación oficial publicada por la Oficina de Estadística de la UE (Eurostat) sólo había nueve regiones europeas con peor nivel de renta que Andalucía: cuatro territorios franceses de ultramar, dos provincias griegas, Madeira y Azores en Portugal, y Extremadura en España. Si se considera 100 la media comunitaria, Andalucía está en 57. De las 208 regiones en las que se divide la UE, 50 están por debajo del 75% de la media, y son consideradas regiones objetivo número 1. A ellas se dedica el grueso de los fondos estructurales. El 30% de las inversiones de la Junta está afectada por estas subvenciones.

El PP, por boca de su diputado Salvador Fuentes, sostiene que "el gobierno andaluz ha dejado de gastarse 363.000 millones del billón de pesetas asignados por la Unión Europea para el período 94-99". Un argumento que desmiente categóricamente desde la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta: "se ha gastado más del 100%".

La primera demanda de los todos los partidos para el futuro, incluido el PP, es reforzar la presencia institucional de Andalucía en Europa. PSOE, IU y PA pretenden que los consejeros de la Junta participen en los consejos de ministros comunitarios, cuando se traten materias en las que Andalucía tiene competencias exclusivas. Es la misma posición que tenían en la legislatura pasada, con la diferencia de que entonces eran los socialistas, en el Gobierno, quienes se resistían a compartir los sillones del Consejo de Ministros con los consejeros autonómicos. Ahora quien se resiste es el PP.

El partido más beligerante en esta materia es el PA. Javier Aroca, candidato por Sevilla, enumera "los astilleros, la agricultura, el reparto de fondos para las regiones objetivo 1", como algunos de los temas que necesitan la presencia "del ministro andaluz" en Bruselas. José María Martín Delgado también insiste en la importancia de "influir en la toma de decisión española sobre cualquier asunto y, sobre todo, en el liderazgo andaluz en las iniciativas mediterráneas". Y Javier Navascués, secretario de economía de IU, critica "que la incorporación a la unión monetaria ha costado muchos sacrificios, por la reducción del déficit y el gasto social".

Asignación de fondos

Inmediatamente después de las elecciones se planteará un grave contencioso. España tiene que presentar en Bruselas el reparto de fondos entre sus regiones objetivo 1, entre 2000 y 2006. Son 37.744 millones de euros (6,3 billones de pesetas). Según los criterios de reparto entre los países, de la cumbre de Berlín de marzo, a Andalucía le corresponderían 15.314 millones de euros (2,54 billones de pesetas), el 40,6% del total. Los nuevos criterios de asignación de fondos, que priman más la población y el paro que el territorio, provocarían un aumento espectacular de la factura andaluza, que pasaría del 26% al 40,5%.

Entre las regiones españolas objetivo 1, Andalucía tiene el 31,2% de la población y el 39,8% de paro. Su renta es el 57,39% de la europea y las otras regiones españolas tienen una media del 65,79%. Pero en los borradores del Ministerio de Economía y Hacienda la parte de la tarta que se adjudica a Andalucía está en el 29%. La coincidencia de las elecciones andaluzas con las generales, parece haber aconsejado al PSOE a no utilizar este tema como arma electoral, porque le beneficiaría en Andalucía y Extremadura y le perjudicaría en el resto de España.