Pieza imprescindible

Dada su importancia y precedente para la nueva justicia internacional, el caso Pinochet merece la máxima transparencia, como subrayó ayer el juez británico Simon Brown. Éste presidió la sala del Tribunal de Apelación de Londres que ha obligado al ministro del Interior británico a hacer llegar a los cuatro Estados (España, Bélgica, Francia y Suiza) que tienen causas de extradición los informes médicos sobre los que Straw basó su decisión preliminar de no conceder la extradición a España del dictador por razones de salud.Despejar toda sombra de duda exigía que las partes tuvieran acceso a los informes de los médicos que examinaron a Pinochet el pasado 5 de enero, y cuyas conclusiones inclinaron a Straw a considerar que el acusado no está en condiciones físicas ni mentales de afrontar una extradición y un posterior juicio. El Tribunal, que rebate así los argumentos de la anterior instancia, ha dado una semana a las partes para que, una vez en posesión de los informes médicos, presenten sus alegaciones. Sin duda es a la justicia española a quien corresponde alegar en derecho. Ahora podrá hacerlo, a pesar de que el Gobierno de Aznar mantenga su decisión de no recurrir contra la decisión que adopte Straw, según ha expresado reiteradamente el ministro Matutes.

El Gobierno, que cursó las primeras alegaciones de Garzón contra la decisión de Straw, se ha comprometido a transmitir a Londres cualquier alegación que pueda hacer el juez de la Audiencia Nacional sobre la base de los nuevos datos. Prácticamente se vuelve a la situación anterior a los recursos. Una vez que disponga de las nuevas alegaciones, Straw, que ha tenido buen cuidado en cubrirse sus espaldas, tomará su decisión final "en un plazo breve", aunque no se puedan descartar nuevos recursos. Pero si cambia de decisión y devuelve el caso al terreno plenamente judicial, el Gobierno español tendrá que seguir tramitando lo que pida la Audiencia.

El acceso a los informes médicos, realizados a petición de Chile por facultativos elegidos por el Home Office, es una pieza esencial que nunca debió quedar a oscuras. En un caso como éste el principio de contradicción propio de todo procedimiento judicial debe prevalecer sobre el de la confidencialidad médica absoluta, aunque se pide a los Estados que no divulguen su contenido. Con su decisión, el tribunal londinense ha restaurado la transparencia que exige el caso.