Los nacionalistas quieren fijar su propio cupo de extranjeros

Izquierda Unida aboga en su programa electoral por el "cumplimiento efectivo" de la nueva Ley de Extranjería, de forma que se garantice "la plena igualdad de derechos sociales y económicos" entre españoles y extranjeros. Pero, avanzando un paso más allá de la ley, reclama también para los inmigrantes el "reconocimiento de los derechos políticos plenos, incluyendo el derecho al sufragio municipal". La coalición aboga por una "política de control de flujos no restrictiva" y por el tratamiento de este fenómeno "como un asunto social o de desarrollo y no como un asunto policial o de orden público". Propone, en consencuencia, la supresión de los llamados contingentes o cupos, que limitan los permisos de trabajo concedidos a los inmigrantes a un determinado número de empleos en sectores de actividad y provincias concretas. También aboga por eliminar "las normas excepcionales que pesan sobre los inmigrantes": expulsiones, centros de internamiento, etcétera. Tras manifestar su "oposición a la Europa fortaleza", demanda una regulación de los derechos de extranjeros residentes (tanto comunitarios como no comunitarios) "para superar el déficit social de la construcción europea". La aprobación de programas de inserción social de los inmigrantes, acordados entre el Estado y las comunidades autónomas, y la promoción del asociacionismo completan sus propuestas.IU aboga por reformar la ley, pero no la de Extranjería, sino la de Asilo y Refugio, para evitar su actual aplicación "restrictiva".

El programa de gobierno pactado entre el PSOE e Izquierda Unida no alude al fenómeno de la inmigración. El programa electoral socialista sí dedica a este asunto un apartado, pero, quizá porque se redactó hace meses, en él no se revela cuál será la actitud del PSOE ante la pretensión del PP de reformar la recién estrenada Ley de Extranjería. La ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández sostiene que su partido defenderá "que se cumpla y desarrolle la ley", aprobando su reglamento en el plazo de seis meses. Es en el marco de dicho reglamento, que debe acordarse con las organizaciones sociales -como hizo el último Gobierno socialista con el reglamento de 1996-, donde pueden cubrirse las "lagunas" apreciadas en la nueva norma legal. El PSOE, agrega Fernández, "no cierra la puerta" a una futura reforma de la ley, "si realmente se demuestra, en su aplicación práctica, que tiene algún fallo". Pero ella no cree que sean tantos ni tan graves como pretende el PP. Y agrega que una eventual reforma sólo estaría justificada a medio plazo, siempre que se hiciera con un amplio respaldo parlamentario. Mientras, debe aplicarse. También en la escuela. Sancionando, incluso con la retirada de la subvención pública, a los colegios concertados que recurren a triquiñuelas para incumplir su deber de escolarizar a los niños extranjeros o de minorías étnicas.

El PP es el único partido que propone "reformar la recién aprobada Ley de Extranjería". No es sorprendente, pues la nueva norma se aprobó en el último pleno del Congreso con el apoyo de todos los grupos, salvo el popular. Según asegura en su programa electoral, la reforma viene obligada por "los compromisos y responsabilidades asumidos en la Unión Europea en el Consejo de Tampere". El documento no da muchas pistas sobre cuáles son las modificaciones que quiere introducir. De las declaraciones realizadas por responsables del Gobierno y de las enmiendas presentadas por el PP cuando la ley se tramitó en el Senado cabe deducir que cambiaría, al menos, los siguientes puntos: eliminación de los derechos de los residentes irregulares, salvo la asistencia sanitaria y la educación obligatoria; rechazo de la equiparación de derechos entre extranjeros y españoles; negativa a conceder un abogado de oficio a quienes se impida entrar en terrorio español y oposición a que la denegación de las peticiones de visado deba ser motivada. Esta reforma puede resultar, sin embargo, inviable, pues el programa del PP asegura querer abordarla "con el máximo acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias" y éstas, de momento, no parecen estar por la labor.