CiU propone la subida de las pensiones sin considerar el IPC autonómico

La obstinada reivindicación de Convergència i Unió (CiU), en vísperas de las elecciones autonómicas, de que el incremento de las pensiones tuviera en cuenta en un futuro las diferencias inflacionistas de las comunidades autónomas se ha quedado en agua de borrajas. El programa que la coalición presenta para los comicios generales obvia totalmente esta demanda. El Gobierno de Jordi Pujol llegó incluso a abonar, a menos de un mes de las elecciones al Parlament, una paga extraordinaria a los pensionistas para compensar este desfase del IPC, medida que provocó la airada reacción de los partidos de la oposición catalana.

A principios del pasado mes de agosto, a menos de 15 días de la disolución del Parlament, el presidente del Gobierno catalán anunció por sorpresa que la Generalitat abonaría una paga extraordinaria a los 70.000 catalanes que cobran una pensión mínima o asistencial. Esta media tenía como objetivo compensar las pérdidas acumuladas por las diferencias de inflación en los últimos cinco años. El IPC en Cataluña durante ese periodo fue superior en un 1,3% al del Estado.Entonces, los dirigentes de la coalición nacionalista, el Gobierno en pleno y el propio presidente de la Generalitat negaron hasta la saciedad que esta medida fuera electoralista, tal como la calificó la oposición. Se dijo incluso que CiU pediría la revisión del Pacto de Toledo para acordar una fórmula que permitiera el incremento de las pensiones según el IPC de cada comunidad autónoma. Jordi Pujol afirmó que Cataluña debía tener su propio Estado de bienestar porque sus condiciones socioeconómicas eran diferentes a las del resto de España.

Pero lo que en vísperas de las autonómicas constituyó una promesa, cinco meses después se ha diluido totalmente. En el programa de CiU para las generales no se hace ninguna mención a esta demanda, ni siquiera en el apartado que se refiere a la revisión del Pacto de Toledo.

En el documento nacionalista tan sólo se indica, amén de otras promesas más generalistas, que se garantizará el cobro de las pensiones y el incremento sustancial de las más bajas para equipararlas al salario mínimo interprofesional. En otro punto se indica que CiU garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas con "incrementos anuales de acuerdo con el IPC previsto para aquel ejercicio", entendiéndose éste como el estatal. En ninguna otra parte del programa electoral se hace referencia alguna a las diferencias inflacionistas entre autonomías.

Más competencias

El documento electoral incluye además un total de 77 competencias que, en opinión de CiU, deberían traspasarse a la Generalitat en la próxima legislatura. Entre ellas destacan el servicio de cercanías de Renfe; la gestión de los aeropuertos; el Consorcio de la Zona Franca: la legislación en materia de televisiones locales; sanidad exterior, las políticas activas del Inem y la Agencia Tributaria.

Asimismo, se insiste en el traspaso de competencias a través del artículo 150.1 de la Constitución, es decir, materias en principio exclusivas del Gobierno central. El objetivo final de CiU es que la Generalitat -al igual que el resto de comunidades históricas- sea la Administración y autoridad única en su territorio.

El programa se basa en las dos principales reivindicaciones de CiU para la próxima legislatura, es decir, el incremento del techo de competencias y financiero de Cataluña.

La coalición considera que tanto el PP como el PSOE continúan "alimentando la imagen de una Cataluña insolidaria que no se corresponde con la realidad". Para que esta percepción no se extienda, CiU cree que debe imponerse la pedagogía y reconoce su parte de culpa en este sentido. "Para cambiar en positivo esta situación, es evidente que nos [CiU] falta pedagogía. Este es un claro déficit: necesitamos explicar mejor nuestra situación".

Aunque la coalición nacionalista ha optado por no reclamar la reforma de la Constitución, se insiste, como en los anteriores programas electorales, en una relectura de la Carta Magna mucho más proautonomista para que se reconozca la plurinacionalidad del Estado.

Una de las medidas que CiU propone para alcanzar este objetivo es el nombramiento de los magistrados mediante la intervención "directa" del Senado -cuando éste se convierta en una "auténtica" cámara de "representación territorial"- y también "de las comunidades históricas".