Enseñanza se muestra dispuesta a modificar el decreto de matriculación para repartir a los niños con dificultades

El Departamento de Enseñanza está dispuesto a modificar el decreto de matriculación que establece el régimen de admisión de los alumnos de los centros financiados con fondos públicos, lo que incluye a los centros privados concertados. Así lo ha indicado la consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, a requerimiento de la diputada socialista Assumpta Baig. También el director general de Centros Educativos, Emili Pons, ha adquirido el mismo compromiso en la negociación con los sindicatos. Según el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), que cuenta con el apoyo de los partidos de izquierda, el decreto, elaborado en 1996, es un obstáculo para aplicar medidas que impidan que los alumnos con necesidades educativas especiales se escolaricen sólo en la escuela pública.

Carme Laura Gil se comprometió a contar con la colaboración de los ayuntamientos para la modificación del decreto. El PSC, que ha venido defendiendo la participación activa de los municipios en el proceso de matriculación del alumnado, subraya que el nuevo decreto no sólo tiene que contar con la colaboración de los ayuntamientos, sino que éstos deben tener un papel determinante en la matriculación. "Queremos que Enseñanza llegue a un consenso con los municipios, sin imponerles nada", destacó Baig. Los sindicatos, por su parte, consideraron positivo ayer el cambio de decreto, pero inmediatamente reclamaron que sea pactado con la comunidad educativa y que se establezca un calendario de negociación. CC OO reclama que la nueva norma ofrezca "medidas efectivas para garantizar que no sean los centros los que elijan a los alumnos y evitar de esta manera que se originen segregaciones educativas".

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), Laura Paradell, también celebró el compromiso de Carme Laura Gil. Sin embargo, mostró su escepticismo sobre la aplicación del decreto. "El problema no sólo es cambiar las actuales normas de matriculación, sino que se establezcan mecanismos para aplicarlas correctamente", afirmó. En este sentido, denunció que en ocasiones ni siquiera se cumple el actual decreto. "Algunos centros concertados no presentan a las comisiones de escolarización las listas de alumnos preinscritos, como obliga el decreto", subrayó.

Uno de los cambios que la comunidad educativa reclama con más urgencia es la creación de un punto único de matriculación que permita controlar de forma transparente todo el proceso de admisión de alumnado en los centros financiados con fondos públicos. El MUCE considera que el objetivo es que los centros no intervengan en este proceso para evitar que la escuela concertada seleccione a su alumnado. A juicio de esta organización, estas comisiones no funcionan correctamente ya que sólo pueden distribuir a los alumnos que se han quedado sin plaza. "Cuando pedimos más competencias a las comisiones, nos responden que el decreto no lo permite; luego, la solución es cambiarlo", afirma Ramon Simon, miembro del Secretariado de Enseñanza de USTEC-STE.