El Consell mantiene congelados los estatutos de la Universidad de Valencia desde hace dos años
Los estatutos de la Universidad de Valencia, una pieza clave para desarrollar la reforma administrativa y organizativa que pretende impulsar el rectorado, duermen el sueño de los justos en algún cajón de la Administración autonómica desde hace más de dos años. El claustro de la Univesidad de Valencia aprobó los nuevos estatutos en diciembre de 1997 y los trasladó a la Consejería de Educación para su tramitación posterior. La Generalitat niega cualquier problema, pero fuentes administrativas consideran incómodas las referencias a la lengua catalana.
Fuentes de la Universidad de Valencia manifiestaron su extrañeza por el dilatado proceso administrativo que arrastran los estatutos de la entidad. El propio Manuel Tarancón, consejero de Educación, intentó disipar cualquier duda sobre el futuro de las normas internas durante el Consejo Interuniversitario celebrado la semana pasada. Tarancón comunicó a rectores y vicerrectores que los estatutos serían aprobados en el pleno celebrado ayer.Fuentes del PP y de la Consejería de Educación atribuyen el retraso a las menciones a la lengua que incluye el preámbulo del documento, que establecen que la Universidad considera oficial "la lengua de la Comunidad Valenciana" y "admite como denominaciones suyas tanto la académica, lengua catalana, como la recogida en el Estatuto de Autonomía Valenciano".
Pero ese preámbulo fue aprobado en 1985, bajo administración socialista, y no ha sido modificado en la redacción de los nuevos estatutos, que se limitan a recoger como novedades ciertas reformas estructurales que afectan a la estructura académica y organizativa de la Universitat de Valencia.
Las razones de oportunidad política derivadas de las negociaciones en torno a la composición de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, hoy congeladas, se han disipado. Sólo la proximidad de las elecciones generales y el interés por captar el voto de Unión Valenciana podría explicar que el Consell que preside Eduardo Zaplana evite subrayar la denominación académica de la lengua de la Comunidad Valenciana en un acto puramente administrativo.
Alicia de Miguel, portavoz del Consell, ha reiterado que no que existe ninguna motivación política para retrasar la aprobación de los estatutos. Fuentes de la Generalitat aventuraban ayer que la vacante en la dirección general de Universidades, que ocupaba Carmen Martorell hasta el pasado viernes, podría haber afectado al trámite. Martorell dejó el cargo porque es incompatible con su condición de candidata al Congreso. Pero antes de renunciar al puesto había cerrado todos los flecos administrativos pendientes para la reforma de los estatutos con Pedro Ruiz, rector de la Universidad de Valencia.
Además, la supuesta situación de ingobernabilidad de la dirección general de Universidades derivada de la ausencia de Martorell no ha afectado a la constitución del Consejo Asesor del Sistema Universitario Valenciano, anunciado hace una semana por Tarancón y aprobado ayer. Ni tampoco ha obstaculizado la creación de los órganos encargados de la gestión de las pruebas de acceso a los estudios universitarios, entre ellos la comisión organizadora de las pruebas, para que las universidades públicas valencianas sean consideradas como una sola institución de acuerdo con el modelo de distrito universitario único.
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