Muerte a la pena

La credibilidad moral de la nación que pretende mandar sobre el mundo y dar lecciones de derechos humanos exige su renuncia a la pena de muerte. EE UU ha de suprimirla por principio. Han tenido que sucederse una serie de errores judiciales para que se genere un mínimo debate sobre el castigo capital en EE UU, una pena que aún goza de un apoyo mayoritario, si bien en disminución, entre los ciudadanos. La democracia debería haber renunciado hace tiempo a la pena de muerte. El derecho a la vida prima sobre cualquier otro.Desde que el Tribunal Supremo reinstaurara la posibilidad de la pena de muerte en 1976 han sido ejecutadas 598 personas, con un fuerte incremento desde 1995, y con un claro sesgo racial. Los Estados del sur han acaparado 481 ejecuciones. Tejas destaca por su ahínco: 164 personas han sido ejecutadas, 119 de ellas bajo el mandato del gobernador George Bush, uno de los aspirantes republicanos a la Casa Blanca.

El descubrimiento en Illinois de que desde 1977 se había ejecutado a 13 inocentes ha llevado a su gobernador a declarar una moratoria sobre la pena capital. Otros casos de ejecuciones mal ejecutadas o con imágenes que se han difundido por Internet han provocado también escándalo. De la Casa Blanca surge ahora la sugerencia de que Clinton quiere que se suspendan las ejecuciones mientras se revisa la situación. Sería deseable que la supresión de la pena de muerte se convirtiera en un foco de la campaña presidencial.

El debate debe ir al fondo de la cuestión. No a los errores judiciales, sino a la supresión total de la pena. E incluso a revisar en profundidad un sistema penitenciario que ha convertido a EE UU en Estado penal. Más de 600 encarcelados por cada 100.000 habitantes es una tasa que supera siete veces a la europea, y resulta sólo comparable a la de Rusia, donde, al menos, Yeltsin impuso una moratoria sobre la aplicación de la pena capital. ¿Será menos EE UU?