Sindicatos, organizaciones sociales y oposición acusan al Gobierno de la pasividad policial

Sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos critican con dureza la actuación de las fuerzas de seguridad en El Ejido (Almería) ante los ataques racistas a los inmigrantes de la localidad el fin de semana, durante el que no hubo ningún detenido. El ministro del Interior, Jaime Mayor, rechazó las acusaciones de negligencia y alegó que la pasividad que se atribuye a la policía hubiese consistido en no enviar refuerzos al pueblo. Asumió que "siempre hay un margen de error" y que la "estrategia número uno" trataba de evitar "enfrentamientos entre colectivos magrebíes y españoles".

Mayor arguyó que en incidentes, protagonizados por "energúmenos sin sentido común", "no es fácil" la actuación de la policía. Los responsables de la intervención durante los ataques a los inmigrantes y sus propiedades "consideraron que lo más importante era evitar que se encontrasen grupos organizados de un signo y de otro", dijo. Sin embargo, el secretario general del Sindicato Profesional de Policía Uniformada, Francisco Javier Santaella, aseguró a Servimedia que la policía recibió "órdenes terminantes" de no intervenir. El ministro, que expresó su enérgica condena de este "brote racista y xenófobo", añadió que permanecen en El Ejido 250 efectivos de las Unidades de Intervención Policial y que cuando se identifique a los autores en las agresiones se les detendrá.

El responsable de Interior habló por teléfono con el presidente andaluz, Manuel Chaves, y aseguró que ambos están de acuerdo en que la xenofobia "no puede ser un instrumento" que se arrojen los políticos. "Son momentos de no tratar de utilizarlo contra el Gobierno, ni contra la oposición", dijo.

Irresponsabilidad

Mayor consideró "una irresponsabilidad atribuir lo ocurrido a la Ley de Extranjería", pero el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, vinculó los sucesos de El Ejido con la necesidad de reformar ese nueva normativa. "Nos interesa mucho que haya inmigración, pero también nos interesa aún más que esta inmigración se integre adecuadamente y no ponga en peligro la cohesión de nuestras sociedades", declaró. "A corto plazo lo único que podemos hacer es intentar garantizar el orden público", remató.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, incidió en la necesidad de incrementar las políticas de integración de los extranjeros y fomentar la tolerancia. Integración es que "estas personas tengan una vida digna, una vivienda digna y unas condiciones salariales y de protección social igual que cualquier otro trabajador". A la nueva Ley de Extranjería, que consagra precisamente estos principios, se refirió también el secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, para acusar al PP de haber creado el caldo de cultivo para este "vandalismo racista" con su "campaña para reventar el consenso" en esa norma y sus argumentos "reaccionarios" que "identifican inmigración y delincuencia". Acusó al Ejecutivo de "pasividad intencionada y por tanto, culpable, por las instrucciones que ha dado a las fuerzas de seguridad para que no actúen".

A esa acusación de pasividad se sumó también el PSOE, Coalición Canaria (CC), Izquierda Unidad y Nueva Izquierda. El portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba instó al Ejecutivo a "tomarse en serio" este asunto. "Se ha hablado mucho esta semana de [el líder de la ultraderecha austriaca Jörg] Haider pero debemos preocuparnos también de lo que pasa en nuestro país, no vaya a ser que estemos mirando hacia fuera y tengamos larvado un problema de futuro".

La risa de Haider

"El señor Haider debe estar partiéndose de risa al ver como actúa el Gobierno de Aznar", ironizó el diputado de CC Luis Mardones, quien también acusó de "dejación de funciones" al Ministerio del Interior. Anunció que su grupo pedirá explicaciones a Mayor, a quien tanto IU como los socialistas han pedido que asuma personalmente la resolución del conflicto. Políticos de estas dos formaciones señalan al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, del PP, de ser responsable de lo sucedido. IU pide incluso su cese por su "actitud fascista, racista y xenófoba".

Mientras que UGT se centró en destacar el "fracaso o inexistencia" de programas de integración y las pésimas condiciones de vida de los magrebíes en Almería, la Unión Sindical Obrera calificó de "vergonzosa" la actuación policial e instó a la detención inmediata de los responsables de las agresiones, saqueos e incendios. Y la Confederación de Asociaciones de Vecinos manifestó que la actitud pasiva de los policías "les hace cómplices de esta agresión brutal".

Asimismo, tanto la Asociación pro Derechos Humanos como la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) censuraron la actuación de la policía. "La ley no se cumple en El Ejido", manifestó un portavoz de ATIME. También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Cáritas reclamaron mayor eficacia y contundencia por parte de la policía.