La CEA respalda la propuesta de Teófila Martínez de ceder el 50% del IRPF a las comunidades autónomas
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) echó ayer un capote a la candidata del PP a la Junta, Teófila Martínez, y a su propuesta más relevante en el conflictivo ámbito de la financiación: la cesión, por parte del Gobierno central, del 50% del IRPF a las comunidades autonómas, además de varios impuestos especiales y algunos tramos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). "Si el IRPF se recauda en Andalucía, estamos de acuerdo y si hay que recaudar parte del IVA en Andalucía, estamos de acuerdo", afirmó el presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga.
El presidente de la patronal andaluza recordó que su organización ya había apostado por crear una "cesta fiscal" que facilite que cada comunidad autonóma tenga "la capacidad de recursos para poder hacer las políticas transferidas". Álvarez Colunga abogó por cambiar el sistema actual, "con el consenso de todos", en las discusiones sobre el próximo modelo de financiación (2002-2006), que comenzarán a finales de año. La propuesta de Martínez supone la ampliación del tramo del impuesto sobre la renta (del 30% al 50%) que ya se había cedido a las autonomías en el actual modelo de financiación (1997-2001), que no fue suscrito por el Gobierno andaluz. Además, pretende la gestión de los tributos especiales (alcohol, hidrocarburos, tabaco, matriculación de vehículos) generados en la región e, incluso, la administración de tramos del IVA.
Este planteamiento fue tildado el pasado viernes de "nefasto" por la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien advirtió de que, con este sistema, las comunidades más ricas captarían más recursos, al disminuir los fondos públicos que se destinan a mitigar las desigualdades regionales. La consejera calculó que, en 1997, Andalucía habría perdido 90.000 millones y Cataluña habría ganado 478.000 millones con respecto a la financiación de aquel año.
La candidata del PP, que ayer presentó sus propuestas económicas en la sede de la CEA en Sevilla, se defendió con ardor: "No tenemos ningún miedo a la igualdad en el tratamiento de las arcas del Estado". Martínez aseguró que con el actual sistema (basado en la distribución de fondos a partir de criterios de población y renta, fundamentalmente), Andalucía "será dependiente de por vida". La dirigente popular apostó por cambiar de fórmula "antes de que las ayudas europeas y las aportaciones de otras comunidades se acaben".
En sus propuestas económicas, Martínez se guió por un principio muy similar al que ha planteado recientemente el candidato socialista y presidente de la Junta, Manuel Chaves: "Para minimizar el desempleo hay que crear riqueza, y los generadores de riqueza deben ser los emprendedores". La dirigente popular recalcó que "hace mucho tiempo que el PP pide un mayor reconocimiento para el empresariado en la sociedad" y culpó a los socialistas de una descoordinación "fatal" entre los poderes públicos y la clase empresarial. "Vais a otro ritmo, más deprisa, y eso es algo que no pueden entender los que no saben lo que es pedir un crédito para pagar las nóminas a final de mes", dijo.
La dirigente popular hizo del reconocimiento del papel empresarial una cuestión léxica. "No vais a escuchar ni de Teófila Martínez, ni del PP, hablar de subvenciones; yo las considero una cofinanciación del Estado porque los empresarios están poniendo mucho también".
Infraestructuras con fecha
La presidenta del PP andaluz rescató una de las propuestas anunciadas en las últimas semanas: si los populares consiguen ganar las elecciones autonómicas se han comprometido a impulsar un plan de infraestructuras (carreteras, ferrocarril, obras hidráulicas, energía, telecomunicaciones), dotado con siete billones de pesetas para el período 2000-2006 (el nuevo marco de apoyo de la UE).
Martínez mostró su confianza en que esas inversiones públicas "generen una gran actividad", que permita a la región tomarse un tiempo para acabar con su gran déficit: la baja producción industrial. El PP pretende fortalecer este sector triplicando el gasto en investigación (75.000 millones al año) y ligando "el aula a la empresa". La candidata popular aseguró que cumplirá los calendarios en la ejecución de las obras públicas. "Hay que ir con la verdad por delante, para que los empresarios también puedan programar sus inversiones y sus riesgos", afirmó.
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