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El Gobierno vasco se propone anular la prórroga en la concesión de la autopista Bilbao-Zaragoza Arzalluz dice que el Ejecutivo del PP ha dado un "golpe bajo que traerá consecuencias"

El Gobierno vasco anunció ayer que adoptará "todas las medidas a su alcance" para evitar la materialización del acuerdo de prórroga de concesión de la autopista A-68 (Bilbao-Zaragoza) alcanzado entre el Ejecutivo central y Autopistas Vasco-Aragonesa porque "condiciona y lesiona los intereses de los vascos y la política de infraestructuras". El Ejecutivo central decidió el viernes pasado prorrogar 15 años la concesión a cambio de una reducción del peaje de un 37%. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz calificó ayer la medida de "golpe bajo inadmisible que traerá consecuencias"

En una nota de prensa, la Presidencia del Gobierno vasco denunció que el convenio se ha llevado a cabo sin contar con las instituciones vascas, "que son las titulares de la competencia de carreteras, según queda claramente establecido en el Estatuto de Autonomía y en el Informe que sobre transferencias pendientes realizó el Parlamento vasco". Por este motivo, el Ejacutivo aseguró no estar dispuesto a que "nada ni nadie" tome decisiones que afectan a los intereses de los ciudadanos vascos "y que esto se lleve a cabo, además, con un absoluto desprecio a las instituciones legítimas del País Vasco y a los propios intereses de los vascos". Asimismo, explicó que la transferencia de la autopista A-68 (Bilbao-Zaragoza) en el tramo que discurre por el País Vasco no ha sido posible hasta el momento por la "nula voluntad negociadora de la Administración central, que no ha entendido todavía el significado del autogobierno vasco en materia de carreteras". Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación entre el Ministerio de Fomento y Autopista Vasco-Aragonesa, cerrada pocas horas antes del Congreso de Ministros del viernes, señalaron que la transferencia de la concesión a Euskadi no fue posible porque el Gobierno vasco no aceptó fórmulas de colaboración con las otras cuatro comunidades por las que discurre la A-8.

Gestión armonizada

A diferencia de la Bilbao-Behobia (A-8), que discurre en su integridad por territorio vasco, la A-68 recorre también La Rioja, Navarra y Aragón, por lo que, según las mismas fuentes, su traspaso exigiría compromisos para una gestión coordinada en peajes, mantenimiento, etc. Recientemente se ha firmado la transferencia de la autopista A-8. Su empresa propietaria (Europistas, controlada por Ferrovial, BBK y Kutxa), no logró una prórroga en la concesión, que concluye el 2003, pese a plantearlo reiteradamente, ofreciendo a cambio una sustancial reducción de sus peajes. En el capital de Vasco Aragonesa están el BBVA y otras entidades financieras, y su presidente es el ex diputado genera de Vizcaya y militante del PNV José Alberto Pradera. Su concesión, que terminaba el 2013, se amplía ahora 15 años más para compensar la rebaja de sus tarifas en casi un 40%.

El Gobierno vasco criticó también que a las instituciones vascas se les ha impedido participar en la negociación del acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros y denunció que ni siquiera han sido informadas del contenido del mismo. Por ello, el Ejecutivo de Ibarretxe anunció que impedirá "por todos los medios a su alcance" que el acuerdo de prórroga de la autopista A-68 se lleve a efecto.

El Gobierno subraya que la decisión se ha adoptado cuando el Congreso y el Senado están disueltos y no existe un "mecanismo normalizado" de control político de las actividades del Gobierno central. "Es una medida que no se justifica ni tiene carácter alguno de urgencia y tiene una intencionalidad partidista y electoralista clara y evidente", añade. El Ejecutivo vasco hizo un llamamiento a los ciudadanos a no "dejarse engañar" por el anuncio de rebaja en los peajes y pidió a la sociedad que reflexione sobre la forma de actuar de la Administración central y del Partido Popular.

Por último, explicó que las instituciones vascas nunca se han negado a dialogar y negociar con las empresas concesionarias la situación de las autopistas ante la proximidad de su reversión al sector público. "Pero siempre hemos tenido claro que la política de infraestructuras debe ser global y que a quien corresponde llevar a cabo un debate social sobre la utilidad de estas vías de comunicación, su situación y su futuro es a las instituciones vascas", concluyó.

Xabier Arzalluz criticó que se utilice la rebaja de casi un 40% en el precio del peaje para justificar la operación, ya que la misma "es una trampa" y "perjudica al ciudadano". A su juicio, los únicos que siguen ganando son las empresas concesionarias que continuarán ingresando a través de unas infraestructuras ya amortizadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de febrero de 2000