71 países aceptan readmitir a sus emigrantes rechazados por la UE

La UE y los 71 países de la zona ACP (África, Caribe y Pacífico) han cerrado en Bruselas un acuerdo político para la firma de un nuevo convenio de cooperación durante los próximos 20 años. En él se incluye una cláusula sobre migración por la que los países de la ACP se comprometen con los Quince a readmitir a sus nacionales que se encuentren presentes de manera ilegal en el territorio de la Unión.

Si las partes firmantes lo exigen, la ACP también deberá admitir a los no nacionales que hayan llegado a la UE a través de su territorio, y conducirlos luego a sus países de origen.El acuerdo -que ha suscitado críticas entre los defensores de los derechos de los inmigrantes- ha sido el principal escollo en la recta final de la negociación del nuevo convenio de Lomé, iniciada hace año y medio.

"El control de la inmigración es de un interés vital para los Quince", ha justificado durante la reunión ministerial celebrada en Bruselas el secretario de Estado español de Exteriores, Ramón de Miguel. "La UE no estaba dispuesta a derogar uno de los elementos principales de su nueva política en materia de Justicia e Interior, lanzada en Tampere, porque es una condición esencial".

El comisario europeo de Desarrollo, Poul Nielson, reconoció que el problema de la inmigración es "una cuestión espinosa", y salió al paso de las críticas lanzadas contra Bruselas, al afirmar que "este elemento entraba desde el principio en el mandato de las negociaciones posteriores a Lomé, como asunto que depende de los derechos humanos". "Había buenas razones para negociar esta cuestión", añadió Nielson. "Los propios países ACP ya se encuentran con este problema, el mismo que tenemos en la UE, y les afecta incluso en proporciones mayores".

Los Quince pedían, a cambio de las contrapartidas financieras del nuevo convenio (13.500 millones de euros durante los próximos cinco años, equivalentes a 2,25 billones de pesetas), que los ACP hicieran un esfuerzo para afrontar el problema común de la inmigración ilegal. El convenio Post Lomé pretende erradicar la pobreza y afrontar durante las próximas dos décadas los cambios de la globalización. Una de sus claves es el pilar político, sobre el que se sustenta la inmigración y que debe ser respetado para beneficiarse de los mecanismos de cooperación económica y de financiación derivados del acuerdo. Entre los 71 países firmantes, 39 están considerados como los más pobres del globo, y la mayoría son los principales exportadores de inmigrantes ilegales hacia la UE.

"De alguna forma estamos estableciendo un régimen preventivo, de acuerdo con los convenios internacionales", concluyó el comisario danés. Ahora se tendrán que alcanzar acuerdos bilaterales para detallar las obligaciones específicas de la readmisión y de retorno de inmigrantes ilegales a sus países de origen.

La Comisión Europea insiste en que "sin una base jurídica para tratar a las personas que se encuentran en esa situación, no se está resolviendo correctamente el problema de la inmigración ilegal. "No hacer lo que hemos hecho nos llevaría a menor estabilidad", concluyó Nielson.