Enseñanza obligará al sector privado a escolarizar a los hijos de inmigrantes

El Departamento de Enseñanza prepara una resolución que incidirá en el decreto de matriculación en el sentido de obligar a todos los centros con financiación pública -lo que incluye a la escuela privada concertada- a escolarizar alumnos en "situaciones sociales y culturales desfavorables", en clara referencia a los hijos de inmigrantes. Unas comisiones formadas por los municipios, la escuela y los padres de alumnos controlarán el proceso de matriculación.

La resolución, cuyo contenido exacto no ha sido dado a conocer, establece que, en compensación, los centros concertados que escolaricen a este tipo de alumnos recibirán ayudas económicas. Se trata de la primera medida que dicta la nueva consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, y se promulgará en los próximos días.Un comunicado hecho público ayer adelanta que el Departamento de Enseñanza pretende "avanzar de forma decidida en la mejora de los mecanismos de integración escolar y social" del alumnado en "situaciones sociales y culturales desfavorables". Uno de los colectivos que engloba este eufemismo son los alumnos hijos de inmigrantes, que se escolarizan mayoritariamente en la escuela pública. Fuentes del departamento aseguran que la resolución también pretende integrar al alumnado autóctono en situaciones de marginalidad.

Para poder llevar a cabo la nueva normativa, se establece la creación de comisiones específicas en las que tendrán un papel primordial los municipios. Según Enseñanza, "en las áreas territoriales -que se determinarán con la participación de los ayuntamientos- donde se evidencie una escolarización significativa de alumnos con necesidades educativas especiales, se constituirán comisiones específicas formadas por los directores y titulares de los centros, representantes de los ayuntamientos y de los padres y madres de los consejos escolares". Estas comisiones podrán contar con la asistencia y el apoyo de los servicios educativos y sociales municipales.

Incorporación tardía

Las comisiones, según el comunicado, "podrán tener continuidad durante todo el curso con objeto de atender la escolarización de los alumnos que se incorporan con posterioridad al periodo ordinario de preinscripción y matrícula". Con esta medida, el departamento pretende afrontar la llegada cada vez más numerosa de jóvenes inmigrantes que desconocen el castellano y el catalán y que deben escolarizarse cuando el curso ya ha empezado. Este colectivo, tal y como ha venido denunciando reiteradamente la comunidad educativa, se concentra casi exclusivamente en la escuela pública, ya que la concertada siempre alega que no dispone de plazas libres.

Otra de las medidas previstas es la concesión de "ayudas y asesoramiento" a los centros que escolaricen a estos alumnos. Estas ayudas serán de tipo económico y se destinarán básicamente a los centros concertados, aunque Enseñanza niega que esto suponga concertar la etapa de tres a seis años. El departamento no especificó, sin embargo, las cantidades que recibirá cada centro.