Los partidos acuerdan igualar las prestaciones de los servicios sociales en las tres provincias

Un reciente informe del Ararteko advirtiendo sobre las importantes diferencias que existen en la prestación de los servicios sociales de base en el País Vasco ha servido al menos para que los partidos se pongan de acuerdo en que hay que legislar para acabar con esa situación. Las desigualdades en la cantidad y calidad de los servicios se dan entre provincias, comarcas o municipios. Los partidos del Gobierno se han comprometido a homogeneizar a través de una ley la prestación de los servicios. La oposición, por su parte, reconoció la "oportunidad" de la sugerencia del Ararteko.

El ararteko, Xabier Markiegi, compareció ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para presentar el informe extraordinario que ha elaborado sobre la situación de los servicios sociales de base en Euskadi. Estos centros, de competencia municipal, son las unidades más próximas al ciudadano y, por tanto, el primer elemento de respuesta a las necesidades básicas de los más desfavorecidos, los ancianos y las personas con menos recursos.Según Markiegi, "la definición, los objetivos y las funciones asignadas a los servicios sociales de base están sujetas a márgenes de interpretación excesivamente amplios", por lo que resulta "particularmente difícil" garantizar un trato igualitario a los ciudadanos. Además, la media de usuarios de estos servicios por cada trabajador social también varía según la provincia. Mientras en Guipúzcoa se acerca a seis mil potenciales usuarios, en Álava se sitúa en casi 6.900 y Vizcaya tiene la peor relación, con 9.800 personas.

La representante de Unidad Alavesa, Enriqueta Benito, señaló que no es "fácil" legislar sobre un "mínimo común" para los servicios sociales, pero subrayó que la voluntad de su partido es solucionar los problemas que acucian a estos centros. "No se puede permitir la gran desigualdad existente entre unos servicios y otros, dependiendo de su ubicación geográfica", apuntó.

Para el portavoz de IU, Javier Madrazo, "los servicios sociales de base son el pilar sobre el que se asienta una sociedad solidaria". Por lo tanto, abogó por dotar de más recursos personales y económicos a los centros y articular un marco legal que fije "los criterios básicos por los que se deben guiar".

La parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta aplaudió el trabajo realizado por la Oficina del Ararteko porque "pone el dedo en la llaga: los ciudadanos vascos no son iguales en todos los rincones de Euskadi, no tienen derecho a las mismas prestaciones sociales". Zabaleta resaltó que es "imprescindible" redactar una ley que equipare las prestaciones en todas las provincias, zonas y municipios de Euskadi, para paliar la "falta de cohesión social" que provoca el hecho de que cada ayuntamiento dote a sus servicios de más o menos medios.

Covadonga Solaguren, del Partido Nacionalista Vasco, admitió las diferencias entre provincias. Aunque no fue tan taxativa como los miembros de la oposición, reconoció que "Vizcaya es el territorio más infradotado. "Existen problemas de varios tipos que hay que solucionar", zanjó.

Xabier Markiegi detalló durante su intervención algunas de sus recomendaciones para mejorar el trabajo que prestan los servicios sociales. Para el Ararteko, es primordial que estas unidades realicen "un importante esfuerzo" en la reorientación de sus actividades.

Burocracia

Este cambio se traduce en la necesidad de que los trabajadores no se limiten a la administración y gestión de recursos, sino que se centren más en el trabajo social, en abordar integralmente las necesidades de los individuos y las familias. "Las administraciones sobrecargan de trabajo burocrático a sus asistentes sociales y no les dotan de los suficientes medios para responder a las necesidades de la población", se lamentó el Ararteko.

"Los servicios sociales de base", sugirió Markiegi, "deberían pasar a ser considerado, a todos los efectos por los ayuntamientos como los núcleos organizadores y gestores de sus políticas de bienestar social". De esta forma, criticó el que los ayuntamientos gestionen los servicios sociales de base porque es una obligación impuesta por la ley y aceptada a regañadientes, por lo que se limitan a cubrir el mínimo imprescindible en la mayoría de los casos: la gestión del salario social y de la ayuda a domicilio, sobre todo a los ancianos desvalidos.