Cuiña tiene la "convicción moral" de quién está detrás de la trama para matarle

El consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña, acudió ayer al juzgado número 5 de Ponferrada, por voluntad propia, para conocer en compañía del juez y el fiscal jefe de la Audiencia de León algunos aspectos del sumario sobre la supuesta trama para su asesinato, en la que figura el empresario José Martínez Núñez como sospechoso. Cuiña, que calificó de "lógica" su personación en la causa, rehusó en todo momento referirse a Martínez de forma directa -sería "temerario" y una "imprudencia", dijo-, pero insistió en que todo puede ser una consecuencia de que él no entró "por el aro" en el ejercicio de sus funciones. Añadió que tiene una "convicción moral" sobre quién está detrás de esa trama, si bien no tiene datos para acusar a nadie.Cuiña manifestó que Martínez Núñez, amigo de los presidentes gallego y castellano-leonés, Manuel Fraga y Juan José Lucas, respectivamente, "no tiene cartera de trabajo" en su Consellería desde la fuerte disputa que mantuvieron en el despacho del conselleiro en 1992. Según Cuiña, a Martínez "no se le vetó" sino que "se ha tenido que ajustar, como todos, a las decisiones de una mesa de contratación independiente". El altercado, entonces, concluyó con la expulsión del empresario, y se originó ante supuestas presiones de éste para obtener obras.

Ante los detalles desvelados sobre sabotajes a empresas y agresiones diversas, el consejero matizó que no conocía algunos, pero sí tenía "idea de algún otro". Sobre el silencio de Fraga sobre el caso, precisó que "es una persona con mucha experiencia y sabe lo que tiene que hacer". "Él sabrá, tiene muchos años de vuelo y de ejercicio en la política. Lo que haga don Manuel ha sido siempre respetable, respetado, y así seguirá".

El PSOE castellano-leonés hizo ayer una pregunta parlamentaria en la que se pide a Lucas las adjudicaciones realizadas a 37 empresas de Martínez y otra en la que exige los expedientes en los que haya intervenido Félix Araújo, jefe de la sección de Minas de León, imputado por aceptar supuestamente un soborno de 10 millones de pesetas, con letras firmadas incluidas, de un directivo de Martínez.