El PSOE y UGT califican de "electoralista" que el Gobierno abone ahora a los funcionarios una paga extra

El PSOE y UGT denunciaron ayer el "electoralismo" del que ha hecho gala el Gobierno al cerrar ahora un acuerdo para la distribución inmediata, a finales de este mes de febrero, cuando ya se haya iniciado la campaña de los comicios generales del próximo 12 de marzo, del fondo de compensación destinado a los funcionarios.El Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos CCOO y CSIF resolvieron el pasado martes que dicho fondo, pactado el 24 de septiembre pasado, se reparta entre los 480.300 trabajadores de la Administración General del Estado mediante una paga extraordinaria de entre 18.000 y 24.000 pesetas, según sus categorías profesionales.

Para ello también ha dado su visto bueno el Ministerio de Economía pese a que el aumento salarial que supone (el 0,6% de media) sumado a la subida pactada de las retribuciones para el año 2000 (el 2%) supera sus propias recomendaciones para la negociación colectiva, cifradas precisamente en el 2%.

El responsable del PSOE para la función pública, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó ayer que esta medida "tiene un marcado carácter electoralista". "Incluso", añadió, "podríamos hablar de una bufanda electoralista".

Para el grupo socialista, esa paga extra es además "claramente insuficiente", ya que no compensa el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos durante 1999, del 1,1%, y menos aún durante la legislatura presidida por José María Aznar, del 2%.

El momento elegido por el Ejecutivo para cerrar este pacto es el aspecto más criticado por el PSOE. Rodríguez Zapatero destacó que esa paga se empezará a abonar el 28 de este mes "como un gesto electoral más, propio de un Gobierno falto de credibilidad".

Similares críticas lanzó UGT, que se manifestó contra el acuerdo de septiembre y tampoco apoya la distribución del fondo por considerar que el incremento salarial es insuficiente y, sobre todo, porque no se aplica a los restantes empleados públicos, es decir, a los de las comunidades autónomas y las Administraciones locales.

Retraso de la jubilación

Por otra parte, la oposición y los sindicatos se oponen tajantemente a los incentivos al retraso de la jubilación propuestos por el presidente del Gobierno, José María Aznar. El argumento común esgrimido por IU, Iniciativa per Catalunya, las Juventudes Socialistas, y las centrales sindicales CCOO y UGT es que esa medida es inoportuna en un país con 2,5 millones de parados (el 15,45% de la población activa).

La exoneración de cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores que voluntariamente quieran jubilarse después de los 65 años coincide con la décima recomendación del Pacto de Toledo, pero no se recogió en la ley que lo desarrolló por las discrepancias de algunas formaciones. Ahora también está en contra de esa medida IU, cuya responsable de política social, Susana López, calificó de "broma" la propuesta de Aznar cuando "se está llevando a cabo una limpieza del mercado laboral con las prejubilaciones".

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó que Aznar "no sabe de lo que está hablando", ya que "eso significa disminuir las expectativas de encontrar empleo para los jóvenes en un país en el que el 33% de este coletivo ya se encuentra en desempleo".