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El fiscal rechaza que fuera fortuito el accidente de la central nuclear Vandellòs I

La fiscalía refutó ayer uno de los pilares en los que se basa la defensa de los directivos de Vandellòs I acusados del accidente acaecido en la central nuclear hace 10 años, al negar en sus conclusiones definitivas que el suceso tuviera un carácter fortuito e imprevisible. El fiscal mantiene la petición de de cuatro meses de arresto y tres millones de pesetas de multa para dos directivos de Hifrensa y un director técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y se fundamenta en que el retraso con que la central acometió las reformas exigidas por el CSN supuso la comisión de un delito de riesgo. Las acusaciones particular y popular calificaron de negligencia el delito y su petición de pena oscila entre ocho y cuatro años de prisión.El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, José María Parra, recogió ayer en sus conclusiones definitivas que la central no vigiló debidamente la turbina en la que se originó el accidente, porque no detectó la corrosión que se produjo en sus álabes, cuyo posterior desprendimiento e impacto contra unas tuberías de aceite fueron la causa del incendio. El fiscal sostiene que, pese a que ya se habían observado grietas con anterioridad, los responsables de la central obviaron inspeccionar la turbina entre 1986 y 1989.

Las conclusiones del fiscal, de gran contundencia, recogen las diversas cartas existentes entre el CSN y la central en las que el primero refleja su preocupación por la tardanza con que Hifrensa aplicaba sus exigencias en materia de seguridad. Según Parra, el director general de Hifrensa, Fernando Roset, y el director de Vandellòs I, Carlos Fernández Palomero, con "maniobras dilatorias" evitaron la aplicación de dichas exigencias. Por su condición de ingenieros y por el asesoramiento que recibían, el fiscal considera que ambos "conocían perfectamente que las condiciones de seguridad de la central, buenas cuando se construyó, se estaban quedando obsoletas".

El fiscal, que ha exonerado al director técnico del CSN Luis Echavarri y al directivo de Hifrensa Mariano Mataix porque ocuparon sus cargos con anterioridad al accidente, mantiene su acusación contra el que era director técnico del CSN en 1989, Jacobo Díaz, por entender que éste conocía "la lentitud y desidia" de la nucleara la hora de corregir deficiencias y no optó por suspender su permiso de explotación hasta asegurarse del cumplimiento de sus exigencias.

Ansiedad y miedo

El fiscal asegura que, de haberse cumplido las órdenes de la Administración, se habría atenuado de forma considerable la evolución del accidente, que, añade, no supuso contaminación alguna, aunque "la situación de peligro y riesgo generó en los días sucesivos estados de angustia, ansiedad, estrés y miedo al conjunto de las poblaciones limítrofes". Parra recoge asimismo la falta de comunicación entre la nuclear y el Gobierno Civil en la noche del accidente.

Las acusaciones particular y popular, ejercidas por Marc Palmés y Marc Viader, piden ocho años de cárcel para Carlos Fernández Palomero por dos delitos de imprudencia de riesgo catastrófico y cuatro para el resto de los directivos de Hifrensa. Las acusaciones demandan asimismo que el tribunal fije una indemnización por el impacto en la tarifa eléctrica del cierre de Vandellós I, que a Hifrensa le supuso un montante de más de 26.000 millones de pesetas en los trabajos previos al desmantelamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de febrero de 2000