Vandellòs I, el accidente que no fue

VIENE DE LA PÁGINA 1 El accidente de Vandellòs I se inició en la sala de turbinas, en la zona no radiactiva de la nuclear, a las 21.39 del 19 de octubre de 1989. Su origen estuvo en el desprendimiento de unas piezas de la turbina -los ya famosos álabes- que impactaron contra los cables de aceite de alimentación del aparato y ocasionaron un incendio que afectó a sistemas de seguridad de la nuclear.

Los responsables de la central llamaron a los bomberos de las localidades más próximas un minuto después, pero no al Gobierno Civil, que fue informado a las 21.44 por un vecino, alarmado por las columnas de humo. El gobernador denunció entonces, y reiteró en su declaración, que los intentos de comunicación telefónica con Vandellòs 1 fueron infructuosos.

"Cuando hablo de comunicar, me refiero a información fidedigna y detallada desde la central, gracias a la cual yo pudiera tomar decisiones", dijo. Ramón Sánchez asegura que aquella noche actuó a ciegas y que su decisión de activar el Penta en el nivel 0 obedeció a que desde el Gobierno Civil "no se vieron las cosas tan claras como la central dio a entender en un primer momento, cuando se nos habló de un incendio en unos tanques de aceite". La información a partir de ahí se hizo todavía más confusa, máxime cuando dos de las llamadas que la central realizó al Gobierno Civil fueron para reclamar más bomberos y bombas de achique al grito de: "Esto está muy mal, esto está muy mal".

Sánchez desmontó la tesis de la defensa, según la cual el único incumplimiento de los directivos desde Vandellòs I fue no enviar un fax -tal como exigía el plan de emergencia- detallando el accidente, si había previsiones de emisiones, o la situación meteorológica. "Ni siquiera nos dieron estos datos por teléfono", dijo Sánchez en la sala para destacar la trascendencia de obtener información de primera mano en un plan preventivo. "El tiempo es un factor fundamental, puesto que no hay plan que diga qué hacer con 11.000 personas contaminadas: hay que actuar antes de que haya pasado". El gobernador reconoció, a instancias de la defensa, que a las 23.06 hubo una comunicación entre el CSN y Protección Civil en la que se daba cuenta del fallo de "dos turbosoplantes", pero en la que se aseguraba que no había problema con la refrigeración del núcleo. Aun así, la declaración de Sánchez evidenció, no sólo la falta de comunicación entre la nuclear y el Gobierno Civil, que es el que asume la dirección del plan de emergencia -y que aquella noche, según explicó, habría merecido su activación en el nivel 1-, sino también entre el propio Gobierno Civil y los alcaldes de las poblaciones cercanas a la central, que recibieron mensajes tranquilizadores de las autoridades y se fueron a dormir sin sospechar nada, como la mayoría de los vecinos. Sánchez asegura que cuando tuvo conocimiento detallado de las dimensiones del accidente eran ya las cuatro de la madrugada y se encontraba reunido con la dirección en la misma central.

Vandellòs I y el grupo de eléctricas que la explotaban, integradas en Hispano-Francesa de Energía Nuclear, SA (Hifrensa), ya fueron multados, por vía administrativa, por el retraso en las comunicaciones de aquella noche. Una cuestión que la defensa trajo a colación -y sobre la que el Tribunal argumentará en su dictamen- para demandar la suspensión del juicio, dado que un delito no puede ser juzgado en dos ocasiones por vías diferentes.

El tribunal deberá posicionarse sobre cuestiones técnicas tan relativas como si el tiempo -retraso según el fiscal- en el que Vandellòs 1 acometió las modificaciones exigidas por el CSN fue adecuado o no; si la correspondencia del CSN hacia la central muestra la preocupación real del organismo por dicho calendario o, como se ha alegado en el juicio, "era un mecanismo habitual de presión", o si, realmente, el desprendimiento de los álabes era una cuestión desconocida y sin responsabilidad -la empresa desestimó denunciar a la constructora de la turbina, la francesa Gec Alsthom-, cuando el Plan de Reevaluación de la Seguridad de la central recoge la necesidad de estudiar "los daños en funciones importantes para la seguridad, en caso de desprendimientos de proyectiles de las turbinas".Según la acusación particular y popular del caso, ejercida por los abogados Marc Viader y Marc Palmés, el tribunal deberá además dirimir estas cuestiones sin una prueba pericial contrastada, ante la dificultad de los acusadores de localizar a especialistas en ingeniería o energía nuclear dispuestos a testificar contra su propio ramo, una cuestión que también sucede en procesos por negligencias médicas. La pericial realizada el pasado viernes reunió a ocho especialistas, catedráticos, representantes del Instituto de Seguridad Francés o de la OIEA que no sólo sustentaron las tesis de la defensa sino que cuestionaron el informe final del CSN que condujo al cierre de la planta. Según explicaron, el Plan de Reevaluación de la Seguridad tan sólo hubiera mitigado el desarrollo del accidente, que definieron, al igual que los acusados (tres directivos de Hifrensa y dos del CSN), de fortuito e imprevisible.