Cajas bajo presión

El recurso interpuesto por el Gobierno sobre algunos artículos de la Ley de Cajas aprobada por el Parlamento andaluz y la sugerencia favorable a la privatización de las mismas por el presidente de Caja Madrid han reforzado la convicción de que el PP parece dispuesto a alterar las condiciones de estabilidad que han rodeado a ese sector desde hace años. Tales iniciativas no parecen responder a un planteamiento programático y coherente sobre el sistema financiero español, sobre las condiciones competitivas del mismo o sobre la necesaria eficiencia que ha de presidir el comportamiento de sus entidades. Más bien sugieren, una vez más, la defensa de intereses particulares y de concentración patrimonial en sectores próximos.El recurso contra la Ley de Cajas en Andalucía asume literalmente la defensa de una de las entidades fundadoras de Cajasur (una de las seis de esa comunidad) en la que el cabildo catedralicio sigue manteniendo la hegemonía; ello a pesar de que la Iglesia cordobesa ya no es la única entidad fundadora de esa caja, resultado de la integración con la que fundó la Diputación. La ley establece que la formación de los órganos de gobierno de esa caja se ajuste a las pautas comunes a las otras cinco, siendo éstas menos intervencionistas que las definidas en diversas leyes aprobadas por otras comunidades. Que la jubilación de los presidentes tenga lugar a los 70 años es el otro centro del conflicto por afectar al presidente de esa caja, el poderoso canónigo Castillejo, con más de un cuarto de siglo en el cargo, antes y después de la fusión.

Lo que no se entiende nada bien es que el Gobierno defienda al mismo tiempo el status quo, sobre todo en lo que respecta a ciertos intereses eclesiásticos, y al mismo tiempo sea sensible a ciertas propuestas privatizadoras de las cajas. Salvo que busque sólo generar un clima artificial de inestabilidad. Peligroso y gratuito ejercicio cuando ese subsector del sistema financiero, además de exhibir una manifiesta solvencia, tiene la virtud de contribuir a la competencia frente a un sector bancario en proceso de acelerada concentración. Más valdría que esas energías desestabilizadoras se dirigieran a la adopción de las reformas estructurales que precisa la economía española con el fin de aumentar su competitividad y reducir la manifiesta divergencia nominal y real que todavía exhibe.