Un juez suizo ordena detener al administrador de los bienes de Yeltsin

La orden de detención internacional por blanqueo de dinero procedente de sobornos confirmada ayer por el juez de Ginebra Daniel Devaud contra Pável Borodin, ex jefe de la administración de bienes de la presidencia rusa, ha puesto bruscamente de manifiesto que la dimisión de Borís Yeltsin cerró en falso una etapa marcada por el soborno y la corrupción en las altas esferas del poder.

El acoso judicial se ceba por vez primera en un alto funcionario ruso y pone a prueba las intenciones del sucesor designado, Vladímir Putin, de regenerar el sistema. No hay indicios de que Borodín vaya a ser destituido de su nuevo cargo, el de secretario de Estado de la unión Rusia-Bielorrusia.La larga mano de la justicia suiza, que le amenaza desde hace un año, se acerca a Borodín, que ayer declaró que se había enterado por la prensa de la orden de detención y la calificó de "provocación política". También se hizo de nuevas Ruslán Tamáyev, encargado en la fiscalía rusa de la investigación del mismo caso, centrado en el supuesto pago por esta firma helvética de sobornos a altos funcionarios por la adjudicación de obras de reforma en el Kremlin y otros edificios oficiales.

El juez Devaud confirmó ayer la veracidad de la noticia adelantada el miércoles por Le Monde, y lamentó que la orden de detención (al parecer, por blanqueo de dinero de procedencia ilegal), que se hizo llegar en diciembre a varios países susceptibles de recibir la visita de Borodín, haya saltado a las páginas de los periódicos, lo que evidentemente hará más difícil la captura.

El escándalo no sólo afecta a Borodín, que dirigía un imperio multibillonario que incluye desde flotas de aviones a barcos y dachas para la nueva nomenklatura, sino hasta el mismo entorno familiar de Yeltsin, a nombre de cuyas dos hijas se emitieron supuestamente sendas tarjetas de crédito con cargo a Mabetex.

Según Le Monde, el juez Devaud ha bloqueado 50 cuentas bancarias de miles de millones de pesetas y ha identificado una que compromete a cinco miembros de la administración presidencial.

Si alguien podía frotarse ayer las manos de satisfacción era Yuri Skuratov, el fiscal general suspendido por Yeltsin de sus funciones cuando intentó el año pasado ahondar en el escándalo. La campaña para desacreditar a Skuratov, al que se llegó a mostrar por televisión retozando con dos prostitutas, no ha logrado desanimarle. Incluso es precandidato presidencial, con el objetivo declarado de frenar a Putin, al que considera heredero de un régimen corrupto. El primer decreto que firmó Putin apenas asumió la presidencia interina concedió una amplia inmunidad para Yeltsin y su familia. Al menos, en Rusia pueden estar tranquilos.