La Fiscalía pide 7 años para los tres acusados por el derrumbamiento de una casa en Patraix

La fiscal solicita siete años de prision para cada uno de los tres supuestos responsables del derrumbamiento de una finca de Valencia -el 5 de agosto de 1998, en el barrio de Patraix- que acabó con la vida de dos obreros y causó lesiones a otros tres. La acusación pública, que ha pedido una de las penas más altas en casos de siniestralidad laboral, considera culpables del accidente a los socios de la empresa de rehabilitación y al jefe de obra, que obviaron normas de seguridad básicas. La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía en número de accidentes en el trabajo.

Las últimas cifras disponibles, del primer semestre de 1999, ilustran con toda su crudeza la problemática de la siniestralidad laboral: 54.666 accidentes en seis meses, un incremento del 20% respecto a idéntico periodo del año anterior y una tasa de incidencia de los percances del 47,23%, sólo superada en Asturias y Murcia. Las estadísticas, según comentó el secretario de Acción Síndical de UGT-PV, Javier Mendoza, no son coyunturales, sino que marcan una tendencia en la que el Consell "tiene un importante grado de responsabilidad". José de la Casa, responsable de CC OO en Alicante, es de la misma opinión, por lo que reclamó la dedicación exclusiva de un fiscal a la persecución de los delitos laborales.

El ministerio público en Valencia no ha especializado a ninguno de sus miembros. Ahora bien, Rosa Ruiz, la fiscal adscrita al juzgado que investigó el derrumbamiento de Patraix, no ha sido benevolente con los supuestos responsables del accidente mortal. Su petición de pena es incluso superior a la del abogado de CC OO, sindicato que ha ejercido la acusación popular en la causa.

Así, Ruiz solicita siete años de prisión para Juan Francisco F. P. -aparejador encargado de la obra y socio de QFC Construcciones-, Juan G. S. (socio de la empresa aunque sin responsabilidad directa en la rehabilitación) y Miguel Q. S., sin participación en la firma aunque responsable de muchas de las gestiones relacionadas con el proyecto.

La fiscal les acusa de dos delitos de homicidio (por los fallecidos) y otros tres de lesiones (por los heridos), además de un delito contra los derechos de los trabajadores. Ruiz pide cuatro años de prisión por los primeros y tres por éste último. Otras acusaciones particulares han elevado la petición total de pena hasta el doble, 14 años de prisión.

La fiscal, en base a varios informes periciales, considera que la rehabilitación de la finca se afrontó sin el preceptivo plan de seguridad, los pertinentes permisos, la dirección de un profesional cualificado (básicamente, un arquitecto) o las más elementales normas de seguridad. Por ejemplo, el apuntalamiento de la finca, construida a principios de siglo.