La oposición lamenta que el agujero sea la única certeza del 'caso Ivex'

La ausencia de información oficial en torno al caso Ivex y el desarrollo de la instrucción de la querella presentada por la Generalitat contra el último director general de la entidad no hacen sino sembrar el desconcierto entre la oposición parlamentaria. Cristina Moreno, portavoz del PSPV, y Joan Antoni Oltra, de Esquerra Unida, coincidieron ayer al lamentar que la única certeza en torno al caso reside en el volumen del quebranto financiero, superior a 1.300 millones de pesetas, que pagarán los valencianos.

Vicente Ríos, juez instructor del caso, rechazó el miércoles la posibilidad de que Unión Valenciana se personara como acusación popular en la causa. La notificación dictada por el juez, a partir de la solicitud de UV, establece que José María Tabares tenía competencias para avalar letras por la cantidad que estimara oportuna y que si lo hizo para generar derechos de exportación a Túnez en favor de la empresa Ford se limitó a cumplir con su obligación.La notificación del juez abunda en las declaraciones previas del fiscal del caso, Julio Bruzón, quien anticipó que la querella formulada por la Generalitat contra Tabares y el empresario francés Jean Luc Lagier aportaba datos "muy parcos, pequeños y un poquito sesgados".

Los portavoces de la oposición reaccionaron sorprendidos ante el nuevo jarro de agua fría sobre la tesis oficial. La socialista Cristina Moreno comentó que resulta "incomprensible" que la Generalitat presente una querella contra un director general que estuvo a su servicio que parece abocada al archivo tal como se desarrolla la instrucción hasta la fecha. Según Moreno, el juez "confirma la inconsistencia" de la querella.

Comisión de investigación

La portavoz socialista lamentó que "lo único que se mantiene es la deuda de 1.400 millones que tendremos que pagar todos los valencianos". "Es urgente que un miembro del Consell comparezca ante las Cortes para decir la verdad", siguió Moreno, quien reiteró la necesidad de constituir una comisión de investigación parlamentaria para aclarar el funcionamiento interno del Ivex porque "parece algo más que una oficina de fomento del comercio exterior".

Joan Antoni Oltra, de Esquerra Unida, recordó que el asunto está en los tribunales y admitió que ante las "presuntas irregularidades" detectadas es lógico acudir al juez. Pero consideró "muy grave" que la Generalitat desconociera las atribuciones del director del Ivex y que haya puesto en evidencia su "pésima gestión".

El portavoz de EU reiteró que no corresponde al Ivex apoyar a Ford a través de operaciones "rocambolescas" y subrayó que "lo único que está claro es que los perjudicados serán los ciudadanos valencianos", ya que la Generalitat tendrá que asumir el agujero generado en la entidad pública.

Fuentes de la Generalitat admitieron que ya se han depositado en el juzgado 300 millones de pesetas para hacer frente a las letras que diversas entidades bancarias han reclamado al Ivex como avalista del empresario francés Jean Luc Lagier.