Instituciones para 28

La reforma de las instituciones europeas que propone la Comisión Europea dirigida por Prodi va en la buena dirección. Pensadas para seis Estados miembros en su origen, las instituciones se han ido estirando hasta el límite. Pasar ahora, como se contempla, de 15 a 28 miembros requiere algo más que parches o meras adaptaciones. Sin embargo, es de temer que en la conferencia de Gobiernos que se abre el 14 de febrero para abordar esta reforma de los tratados domine el conservadurismo y las propuestas relativamente ambiciosas de la Comisión se vean rebajadas. La visión generosa de la ampliación no se vería acompañada de una reforma institucional suficiente, lo que generaría graves problemas en un futuro más o menos lejano.Entre una minirreforma o un big bang, la Comisión Europea tira por la calle de en medio. Propone preservar el derecho de veto nacional en temas cruciales como las variaciones en los tratados, las reformas institucionales o, lo que resulta más discutible, ámbitos como la armonización fiscal o la Seguridad Social. La ampliación de las decisiones por mayoría se limitaría básicamente a nuevos sectores en el comercio internacional.

Para reequilibrar el sistema de votaciones en el Consejo de Ministros, escorado con las sucesivas ampliaciones en favor de los países pequeños, se decanta a favor de un sistema de doble mayoría simple, de Estados y de las poblaciones que representan, una base razonable y clara para la negociación. También sugiere facilitar más la posibilidad de que un número limitado de Estados decidan avanzar más en su integración que otros más reticentes. Lo que se viene a llamar la cooperación reforzada es un elemento esencial para la viabilidad de una UE de casi tres decenas de Estados y más de 500 millones de habitantes. Es la garantía de que unos pocos puedan avanzar, y, al cabo, terminar tirando de los demás. En cuanto a su propio futuro, la Comisión deja abierta la elección entre un tope de 20 comisarios -es decir, menos que países- o un comisario por Estado, con mayores poderes para su presidente, aunque no llega a proponer que éste salga de las elecciones al Parlamento Europeo. Sí sugiere, sin embargo, la posibilidad de listas europeas, es decir, las mismas en cada Estado, en las elecciones a la Eurocámara.

Más integración es la única forma de evitar que la UE se diluya en su moral e históricamente necesaria ampliación geográfica. Pero las recientes críticas de Jacques Delors, uno de los padres de esta Europa, siguen siendo válidas: los dirigentes europeos continúan evitando visualizar qué proyecto en común hay en el horizonte para esta UE a 27 o 30. El debate institucional tapa la inexistencia de otro más político sobre los fines de la Unión. Ahora bien, si esta negociación para la reforma institucional es tan difícil, es porque en ella se juega mucho poder para los Estados y para las instituciones, ya sea en capacidad de arrastre o de bloqueo.

Hoy por hoy, los Estados grandes son, en general, los más reticentes a una reforma que vaya más allá de lo que quedó pendiente desde el Tratado de Amsterdam: los votos y los comisarios. Pero en otras cuestiones como la cooperación reforzada o la ampliación de las decisiones por mayoría sorprende la actitud cerrada del Gobierno de Aznar, que, como ha quedado claro en la cumbre hispano-lusa en Salamanca, no comparte con Portugal, al que le corresponde presidir este semestre el Consejo de la UE y, por tanto, la Conferencia Intergubernamental. El Gobierno aspira a situar a España entre los grandes, pero a la vez a preservar su coto como país de la cohesión. Es decir, recibir e influir. Dos objetivos que cada vez van a resultar más difíciles de conciliar en una Unión Europea ampliada.