El juez contradice al Ivex y afirma que Tabares podía avalar a Lagier

El juez encargado de investigar el agujero que padece el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), Vicente Ríos, asegura en una decisión notificada ayer a las partes que José María Tabares, en contra de lo que apunta la querella de la empresa pública, no sólo estaba autorizado a avalar la actividad del grupo de empresas de Jean Luc Lagier, sino que al hacerlo pudo cumplir con su obligación de promover las exportaciones de Ford en Túnez. El magistrado, con esos y otros argumentos, rechaza la personación de UV en el caso.

El pasado 16 de noviembre el Ivex se querelló contra el ex director de la empresa pública José María Tabares y el empresario francés Jean Luc Lagier, a los que acusó de actuar en connivencia para financiar las sociedades de éste (Graficom, Smac o Sonotube) y así crear un "quebranto económico" de 1.049 millones de pesetas a la sociedad de la Generalitat. Según la actual directora del Ivex, Carmen de Miguel, Tabares avaló varias letras de cambio concedidas a Lagier sin el conocimiento o autorización del consejo de administración de la sociedad o, en cualquier caso, asumiendo obligaciones financieras "que exceden de la cantidad habitual y ordinaria del Ivex y carecen, en principio, de causa económica o empresarial".

El juez Ríos no comparte algunos de los fundamentos de la querella presentada. El magistrado, en la decisión en la que rechaza la personación de Unión Valenciana (UV) en la investigación, es claro: "UV pudo acudir al registro mercantil y ver que podía avalar sin previa autorización del consejo de administración".

"Y si lo hizo, como dice la querella, para exportar coches a Túnez", añade el juez, no hizo sino cumplir con su obligación. A la luz de esta afirmación, Ríos, en discrepancia con los gestores del Ivex, sí encuentra razones económicas o empresariales que justifiquen los avales de los que finalmente se han beneficiado Sonotube y Graficom.

Según fuentes cercanas a la investigación, el juez y el fiscal adscritos al caso trabajarían con la hipótesis de que Tabares, que ni siquiera es acusado en la querella de haberse lucrado, afrontó una operación de alto riesgo acuciado por la petición de Ford de exportar vehículos a Túnez. Esa, precisamente, es la línea de defensa de los abogados de los imputados.

En ese sentido, el representante del ministerio público, Julio Bruzón, aseguró el 11 de enero, al término de la comparecencia de Lagier, que "no tenía constancia" de que Tabares o el empresario francés se hubieran beneficiado del agujero del Ivex. El fiscal fue más lejos al asegurar que no detectaba "indicios de delito" en la querella impulsada por la Generalitat.

En cualquier caso, el juez ha rechazado la personación de UV como acusación popular en la causa seguida contra Tabares. Ríos asegura que el escrito de petición hecho por UV "no contiene noticia criminis alguno" y fundamenta su solicitud "sobre la base de hechos no relevantes penalmente".

La querella del Ivex- esta sí admitida a trámite a pesar de que aporta datos "muy parcos, pequeños y un poquito sesgados" sobre el asunto, según dijo el fiscal- imputa a Tabares y Lagier un delito societario por haber ocultado a la empresa varios contratos.