Bruselas da su visto bueno a la fusión de los grupos Carrefour y Promodès

La Comisión Europea acepta los principios de la compra de Carrefour por Promodès al aprobar ayer parcialmente la operación de fusión entre ambas cadenas de distribución anunciada el pasado agosto. Bruselas ha dejado en manos de las autoridades de competencia de España y Francia el examen del impacto de esta concentración en la distribución local para que en un plazo de cuatro meses tomen una decisión. Francia y España son los dos mercados en los que la fusión puede generar problemas de excesiva concentración.

Ahora toca al Servicio de Defensa de la Competencia y posteriormenente al Tribunal de Defensa de la Competencia determinar en España el grado de concentración que genera esta operación en la gran distribución española. España es la segunda nación en tamaño dentro del nuevo grupo (que controla las firmas Pryca y Continente), ya que en 1998 (últimos datos cerrados) vendió por valor de 1,47 billones de pesetas, el 18% del volumen mundial del grupo.En algunas zonas de España, sobre todo en Cataluña, la operación provoca el control directo de más del 30%, según algunos estudios, porcentaje que se eleva casi al 65% en poblaciones como Manresa, como ha puesto de manifesto un reciente informe del Consejo de Cámaras.

Las dos cadenas, propietarias en España de las firmas Continente y Pryca, podrán iniciar de inmediato el intercambio de acciones para la creación del segundo distribuidor mundial de bienes de consumo diario. Los servicios de la Competencia del Ejecutivo comunitario dieron luz verde a la integración de los dos grupos desde el punto de vista del abastecimiento, al considerar que la operación no creará una posición dominante de Carrefour, incluso convirtiéndose en el primer operador en Francia (27% del mercado) y España (26% de cuota). La multinacional francesa se compromete a no abusar de su poder de compra a los proveedores para evitar determinados comportamientos que puedan afectar a pequeñas y medianas empresas que suministran bienes de consumo a su red de supermercados e hipermercados. También se compromete a abstenerse de modificar cualquier contrato en vigor con las pymes hasta su término y a no romper unilateralmente sus relaciones comerciales con determinados suministradores comunes en los próximos tres años.

Mercados locales

Por último, para despejar dudas de la Comisión, el grupo venderá su participación minoritaria en Cora (empresa rival en Francia) a competidores independientes. El visto bueno del Ejecutivo comunitario a la operación es parcial porque, tras comprobar que podrían surgir "posiciones de excesiva fortaleza en determinados mercados locales", Bruselas ha resuelto compartir la decisión con las autoridades de la competencia francesa y española para que estudien si la fusión da lugar a una posición dominante en el sector de la distribución minorista en estos mercados.

"Nos hemos asegurado que nuestra decisión cubre las dos mercados en los que puede haber riesgos de concentración", afirmó el comisario Mario Monti. Según fuentes comunitarias, las autoridades nacionales tienen autonomía absoluta para imponer condiciones a las empresas para su fusión. Además, señalan que "esta investigación podrá conducir a la eliminación de solapamientos que creen problemas de competencia a través de la venta de superficies en los casos de posición dominante del nuevo grupo".

El reglamento comunitario sobre fusiones sólo obliga a los Estados miembros a informar en un plazo de cuatro meses a la Comisión Europea sobre la decisión que han adoptado, aunque las legislaciones nacionales fijen otro más amplio, como la francesa, de seis meses, y la española, de siete, según los procedimientos. Con la luz verde parcial de Bruselas al proyecto de compra, Carrefour y Promodès podrán comenzar la operación de intercambio de acciones, para formar el segundo grupo mundial, tras el estadounidense Wal-Mart. Las legislaciones francesa y española no prevén la suspensión de la concentración en los apartados autorizados por la Comisión, aunque en fuentes comunitarias se apunta que "no deja de ser un riesgo para las empresas" porque las autoridades nacionales de la competencia pueden oponerse a la concentración si no se dan las condiciones necesarias en sus mercados locales.