Garzón alega que la incapacidad de Pinochet debe ser evaluada en España

El juez Baltasar Garzón envió ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores sus respuestas a las preguntas formuladas por el Ministerio del Interior británico, en las que ratifica que tanto la demencia o una enfermedad mental sobrevenida de un acusado, en este caso del general Augusto Pinochet, deben ser zanjadas por los tribunales del país que ha solicitado la extradición, España. El juez insiste en recurrir la próxima decisión de liberar a Pinochet y solicita conocer los informes médicos realizados.

Ayer, por otra parte, también elevaron sus respuestas a las preguntas formuladas por el Ministerio del Interior (referidas al posible estado de enajenación mental del general Pinochet y su influencia en su capacidad o incapacidad para ser sometido a juicio en España, y las provisiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española y la Constitución) las organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Amnistía Internacional.Las posiciones del juez Baltasar Garzón y de las citadas organizaciones son coincidentes. El abogado Geoffrey Bindman incluye en sus respuestas un informe del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, Víctor Moreno Catena.

En sus respuestas, el juez Garzón destaca que es necesario un examen de dos psiquiatras forenses para decidir si el general Pinochet está o no capacitado "para entender y comprender la acusación de la que es objeto, si es capaz o no de contestar a las preguntas que se le formulen, si es capaz de entender los testimonios que se formulen a favor o en contra o si es capaz de comprender el sentido de los documentos que le incriminen".

Dar instrucciones

Agrega el juez: "En definitiva, si puede ejercer en forma adecuada y suficiente su derecho constitucional de defensa dándole instrucciones a sus abogados". El juez añade que "sólo la pérdida de las facultades intelectivas y volitivas a causa de alguna de las dolencias citadas en la persona le eximirá de la carga del proceso penal".

Pero advierte: "La apreciación de un dictamen pericial médico-forense que se produce en el curso de un procedimiento judicial -y el de extradición lo es, en esta fase-, y que tiene por finalidad determinar la capacidad procesal del imputado, es una cuestión que corresponde en exclusiva al tribunal". El juez insiste, de paso, en que existen "argumentos, conocidos por el Gobierno español, al haber solicitado dictámenes en dicho sentido, para recurrir en revisión judicial" la eventual liberación del ex dictador.

Amnistía Internacional, por su parte, en unas respuestas muy concisas, enfatiza las conclusiones del profesor Moreno Catena, quien, a su vez, insiste en que son los tribunales españoles los que deben dictaminar sobre la salud del general Pinochet. "Ni los órganos jurisdiccionales españoles ni las partes personadas en el procedimiento han tenido conocimiento del informe médico en el que se fundamenta la negativa a conceder la extradición en este caso, con lo que difícilmente pueden cuestionarse los impedimentos de salud o capacidad que se esgrimen", señala el citado profesor.