El fiscal solicita 10 años de prisión para tres empresarios acusados de defraudar 2.400 millones
El representante de la Fiscalía y el abogado del Estado solicitaron ayer penas de 10 años de prisión para tres de los accionistas de Cárnicas La Ribera, una empresa ya desaparecida ubicada en Sollana (La Ribera) cuyos gestores están acusados de defraudar al fisco casi 2.400 millones de pesetas entre 1984 y 1988. Las acusaciones imputan a los procesados, José Anrubia, Francisco Alepuz y Rafael López, un delito continuado contra la Hacienda pública en concurso con un delito de falsificación de documento público. Según su versión de los hechos, los empresarios llevaban una contabilidad trufada de albaranes falsos o simplemente ininteligible para disminuir, a niveles contables, su volumen de negocio y, en consecuencia, sus pagos al Estado.
Las defensas piden la absolución de sus clientes. Anrubia, presidente de la firma, se amparó en la falta de memoria y la existencia de un departamento de contabilidad -las supuestas ilegalidades sucedieron hace más de diez años- para eludir las respuestas concretas y López aseguró que, a pesar de su pertenencia al consejo de administración, apenas controlaba la actividad diaria de la firma. Alepuz, vicepresidente de la empresa, fue el único que, siempre defendiendo su inocencia, intentó rebatir las acusaciones del fiscal y del abogado del Estado. Éstos, a grandes rasgos, se amparan en las conclusiones de la larga investigación de la Inspección de Hacienda para sostener su acusación.
Los funcionarios, después del estudio de cientos de documentos, concluyeron que los acusados pueden haber defraudado cerca de 2.400 millones de pesetas por varios métodos. El principal de ellos, alterar documentalmente la facturación real de la empresa, de 14.000 millones de pesetas en 1988. Esto se hacía, según los abogados de la acusación, incrementando el porcentaje de la producción de la empresa destinada al producto fresco en detrimento del elaborado.
El objetivo de esta artimaña era claro: los productos frescos (por ejemplo, los jamones) estaban exentos del pago del Impuesto General de Tráfico de Empresas (ITE), el antecesor del IVA. Los productos elaborados -por ejemplo, el salami- sí pagaban el desaparecido impuesto. El expediente de Hacienda revela la existencia de facturas falsas -ventas inexistentes de jamones-; un uso de conservantes para productos elaborados muy superior al de la producción declarada o la cuadruplicación de la facturación real con la desaparición del ITE, en 1987.
