Castigos paternos

El Reino Unido está revisando a marchas forzadas, a impulsos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su catálogo de normas y tradiciones que permitían hasta extremos difícilmente comprensibles el recurso al castigo corporal de los niños en la escuela y la familia. No hace mucho, el alto tribunal propinó un varapalo al sistema judicial británico por tratar como adultos, y no como dos niños de apenas 11 años, a los autores del asesinato en 1993 del pequeño James Bulger, en Liverpool. La definitiva abolición del castigo corporal en las escuelas deberá extenderse también al seno de las familia tras la sentencia dictada ahora en Estrasburgo -a demanda de un niño de 9 años apaleado por su padrastro-, que considera incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos la ley británica de 1860 que daba carta blanca a los padres para golpear a sus hijos.Hay que felicitarse de que estas normas y tradiciones, chocantes en el país considerado cuna de los derechos civiles, sean definitivamente abolidas. Y alabar el esfuerzo que hacen las autoridades por adaptar esa trasnochada legislación a los parámetros europeos. Como muestra de su empeño, los laboristas pretenden sustituir la ley de 1860 por otra que distinga claramente entre castigos menores -un cachete o bofetada ocasionales- y los atentatorios a la integridad física, como una paliza o golpes en zonas sensibles del cuerpo. Quizás el Gobierno de Blair exagera al pretender regular hasta ese extremo las relaciones entre padres e hijos. Ninguna ley puede decidir sobre si un bofetón es o no procedente, como tampoco hace falta enfatizar que apalear a un niño o golpearle con saña constituye una conducta susceptible de ser sancionada penalmente. En este terreno, los poderes públicos deben intervenir lo justo.