LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Ocio y derechos ciudadanos

El objetivo de la ley es conciliar el derecho a la diversión y al descanso

Hace unos días que ha entrado en vigor la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía aprobada recientemente por el Parlamento Andaluz, con un amplio consenso tanto de los Grupos Parlamentarios como de los distintos agentes económicos y sociales andaluces. Es una ley que da cumplimiento a un compromiso legislativo del Gobierno andaluz y que va a suponer un avance en la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas andaluces y el establecimiento del marco de seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo de la actividad empresarial en esta materia. Una ley, pues, de todos los andaluces, ya que a todos nos incumbe y afecta cuando tomamos parte en el ocio. Y a todos viene a defendernos en nuestros derechos, pues la ley establece numerosas medidas de garantías de los ciudadanos, como las referidas a la seguridad en los establecimientos públicos, que faciliten la evacuación en casos de riesgo material o las medidas relacionadas con la higiene, protección contra el ruido, cobertura de enfermerías, y todas aquellas encaminadas a mejorar las condiciones de estos establecimientos para el confort y tranquilidad de los ciudadanos. En este sentido, la ley plantea la necesidad de desarrollar un Plan de General de Inspección de establecimientos públicos con el objetivo de garantizar a los ciudadanos unos adecuados niveles de seguridad.

El texto es también sensible con aquellos colectivos que necesitan una especial atención, como es el caso de los minusválidos, recogiéndose medidas que facilitan la accesibilidad de estas personas a los recintos y establecimientos en los que desarrollan estas actividades, o el caso de los menores, a los que esta ley otorga una especial protección con respecto al consumo de tabaco y alcohol. Además fomenta la no discriminación subjetiva en los derechos de acceso a los ciudadanos y garantiza la efectividad del derecho a la reclamación de acuerdo con la normativa de protección de usuarios y consumidores.

Asimismo, la ley contempla también medidas para responder ante posibles incumplimientos al establecerse una fianza para todo organizador de un evento público, junto con un Registro de Organizadores de dichos eventos, así como la obligación de concertar un seguro colectivo de accidentes que cubran posibles riesgos en estos establecimientos.

Todas estas circunstancias hacen que esta ley puedan sentirla como suya todos los andaluces y andaluzas, ya que su objetivo no es otro que el tratar de conciliar dos derechos fundamentales: el derecho al esparcimiento y a la diversión y el derecho al descanso. Y también pretende conjugar dos intereses que no tienen por qué ser contrapuestos: el de los empresarios y organizadores de espectáculos y actividades recreativas y el de los usuarios y consumidores de esta oferta.

Creemos que los buenos empresarios andaluces de este sector, que son la inmensa mayoría, se pueden sentir satisfechos y cómodos con esta ley porque les va a proteger mejor en su actividad empresarial y porque las exigencias en sus instalaciones se compensarán con creces con unos clientes más seguros y mejor atendidos en ellas. Al mismo tiempo esta ley propicia y promueve la profesionalidad y la seguridad empresarial frente al intrusismo y la competencia desleal, lo que va a permitir a los empresarios poder dar una mejor oferta a sus clientes que es lo que, en definitiva, procura todo buen organizador de una oferta del sector servicios.

Es una ley que, de acuerdo con el compromiso de este Gobierno y del principal partido que lo sustenta, apuesta claramente por el poder local, dándole amplias facultades a los ayuntamientos andaluces en esta materia. No es, en absoluto, una cuestión baladí, pues la proximidad de la Administración Local a sus ciudadanos hace más coherente y factible resolver, aprovechando esta cercanía, los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir.

La ley otorga a los ayuntamientos una amplia capacidad de maniobra ante los espectáculos y actividades recreativas que tengan lugar en su término, a través de la autorización y control de los establecimientos públicos. Además se les confiere una importante capacidad sancionadora para aquellos casos, no deseables pero posibles, de quienes conculquen derechos de ciudadanos, al tiempo que se promueve la cooperación entre la Administración Local y la Autonómica para evitar las posibles disfunciones o descoordinación entre ambas. Por tanto, estamos ante una ley claramente municipalista porque confía en la capacidad y responsabilidad de las corporaciones locales.

No obstante, y con el objetivo de que ningún derecho de los andaluces quede desprotegido, la ley faculta a la Junta de Andalucía para intervenir, e intervendrá de hecho, en aquellos casos en que un ayuntamiento se inhiba de esta responsabilidad. Pero estoy segura de que esto será la excepción y que no nos equivocamos al apostar por el compromiso de cada municipio con sus vecinos y demás ciudadanos que concurran a su término municipal.

Para la plena aplicación de esta ley estamos trabajando en un doble sentido: en la organización de las medidas más inmediatas que la propia ley prevé y en la elaboración de los reglamentos imprescindibles para su desarrollo a un nivel más concreto del que la ley puede regular. Para el éxito de estos avances confiamos en lograr el mismo o mayor, si cabe, nivel de apoyo y de consenso de los distintos agentes institucionales, económicos y sociales que deben participar activamente en esta etapa.

Desde aquí me permito reiterar el ofrecimiento de esta Consejería para que las organizaciones empresariales, sindicales, vecinales, consumidores, jóvenes, ayuntamientos, diputaciones y la sociedad civil andaluza en suma, se unan activamente a este trabajo pues será la mejor, y creo que única, forma de que la ley responda plenamente a los objetivos que en su día se marcó, tanto el Gobierno andaluz, como el Parlamento andaluz. Objetivos que puedo resumir en uno: que todos los andaluces, también a la hora de divertirse, vivan mejor, con más seguridad y tranquilidad y sin temor a la picaresca que, a veces, algunos pretenden ejercer. En ese empeño vamos a seguir trabajando en beneficio de todos los ciudadanos de Andalucía.

Carmen Hermosín Bono es consejera de Gobernación y Justicia