El fiscal dice que no ha prescrito el delito que se imputa a Cartagena

El ex consejero está acusado de malversación de caudales públicos

El delito de malversación de caudales públicos que el juez decano de Orihuela imputa al exconsejero y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, no ha prescrito, según el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero. La defensa del ex consejero había alegado que la responsabilidad penal del delito, cometido supuestamente en 1993, se ha extinguido por el transcurso del tiempo. Cartagena puede ahora recurrir el dictamen de la Fiscalía en los juzgados o en la Audiencia.

Tanto el magistrado Marcos de Alba y Vega, juez decano de Orihuela, como el fiscal jefe de Alicante sostienen que el ex alcalde invirtió ilícitamente los fondos públicos (cerca de ocho millones de pesetas) que las monjas del antiguo hospital municipal San Juan de Dios de la capital de la Vega Baja confiaron a Cartagena como liquidación de cuentas, cuando el centro sanitario clausuró su actividad. Del destino del dinero poco se sabe, aunque sí lo suficiente como para que el político haya sido procesado.Durante la instrucción del caso quedó claro que la monja responsable del hospital entregó en mano los fondos al entonces concejal de Servicios Sociales, Mariano Ferrández. Éste los guardó un tiempo en su casa, escondidos en un piano, y luego los confió, también en mano, a su alcalde. Nada más se supo de ese dinero hasta 1998, cuando la Fiscalía Anticorrupción, advertida de los hechos por concejales socialistas, ordenó una investigación a la Fiscalía de Alicante, desde donde el expediente se trasladó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Orihuela.

Las primeras indagaciones judiciales apreciaron un claro delito de malversación de caudales públicos: el dinero que recibió Cartagena nunca se contabilizó en el Ayuntamiento que él presidía. En la contabilidad municipal no figura ingreso alguno proveniente del hospital municipal.

También se consideró un delito de apropiación indebida y otro de falsedad documental, aunque éste último ha quedado descartado por falta de pruebas. Para justificar el destino del dinero, Cartagena declaró al juez que invirtió los ocho millones de pesetas en la rehabilitación de viviendas sociales en un barrio marginal de Orihuela. Ppresentó como justificación facturas libradas por la empresa Limplac, SL, una de las mercantiles del empresario Ángel Fenoll, persona estrechamente ligada al PP de la Vega Baja que fue condenado por comprar votos para este partido en los comicios de 1991.

Bajo la sospecha de que las facturas fueran falsas -como declaró al juez el socio de Limplac, Manuel Alcántara- los recibos fueron escrutados en la unidad de policía científica con la siguiente conclusión: ni por el análisis de la tinta ni por el papel se puede determinar su fecha de emisión. Lo cierto es que en la contabilidad de Limplac ese ingreso no figura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 22 de enero de 2000.

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