Los directivos de la central de Vandellòs I culpan del accidente nuclear a la constructora

La vigilancia de la turbina accidentada en Vandellòs I era inadecuada. Así lo revela un informe de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de 1990 que sirvió al fiscal para interrogar ayer a los responsables de Hifrensa, la compañía explotadora de la central nuclear. En la segunda jornada del juicio que se celebra contra ellos por un supuesto delito de riesgo, los directivos derivaron la responsabilidad del suceso a la empresa GEC Alsthom, constructora de la turbina y que, según dijeron, se encargaba del mantenimiento y asesoramiento técnico.

Carlos Fernández Palomero, director de Vandellòs I cuando se produjo el accidente el 19 de octubre de 1989, y Mariano Mataix, director de Hifrensa, se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones por entender que pretenden hacer del juicio un proceso genérico a la energía nuclear.El informe realizado en 1990 por el Equipo Evaluador de Sucesos Significativos Relacionados con la Seguridad (ASSET), de la OIA, sobre el accidente de Vandellòs I -el más grave ocurrido en España- constataba que la política de vigilancia de Hifrensa respecto a la turbina era inadecuada, máxime cuando ya en 1979 se habían detectado fisuras en el exterior de los álabes de la máquina, unas piezas que permiten la entrada de vapor.

En el informe consta que la detección de fisuras externas no comportó una investigación de la empresa "de origen mecánico", no se aumentó la frecuencia de las revisiones, "pese a la debilidad latente" de los álabes, ni se introdujeron modificaciones en los análisis de los mismos. El mismo informe constata también que con un análisis ultrasónico de las piezas se hubiera detectado la erosión, que derivó en su desprendimiento de forma violenta y en el corte de las tuberías de aceite, origen del posterior incendio en el complejo.

Mataix abundó en la tesis defendida el miércoles por Fernández Palomero de que la erosión no se detectó porque se inició en el interior de las piezas y no por las fisuras en el exterior, que sí se controlaban. "Roturas de álabes se producen en cantidad de turbinas", dijo Mataix, quien aseguró que el accidente había sido un caso "extraordinario en el mundo" y sirvió para evitar otro similar en la central francesa de referencia.

El estudio revela que se realizaron seis inspecciones en la turbina entre 1974 y 1986. La falta de revisiones entre 1986 y 1989 fue el eje central del interrogatorio del fiscal a Mataix, quien aseguró que el mantenimiento y el asesoramiento técnico respecto a la turbina eran responsabilidad de su constructora y que de forma anual informaba al complejo de los controles. Tanto Mataix como Fernández Palomero insistieron en que GEC Alsthom nunca les había alertado de la posibilidad de erosión y que este hecho escapaba al método de su revisión. Ésta, según dijeron, se realizaba anualmente y cada tres años se hacía más a fondo. Hifrensa no se plantea, aun así, demandar a GEC Alsthom.

Informe del CSN

A preguntas de la defensa, los directivos aseguraron que las dos medidas exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 1986 y que la empresa no implantó no guardan relación con el accidente. Esta tesis contradice la del fiscal, sustentada en un informe del CSN, que sí las relaciona.

Fernández Palomero explicó que la mejora en el sistema contra incendios en el edificio de auxiliares eléctricos no hubiera variado la evolución del suceso porque éste se registró en otro edificio, mientras que las medidas de refrigeración no habrían influido, ya que los dos turbosoplantes que quedaron operativos eran suficientes.

El fiscal aseguró que no se explicaba el retraso en la implantación de las medidas "porque una nube radiactiva no espera". Los directivos explicaron que los retrasos eran normales por la complejidad del proceso productivo. Mataix aseguró que el coste de las medidas, 3.000 millones de pesetas, no fue la causa del retraso porque esa cifra es ridícula si se compara con el beneficio de Hifrensa.

Los abogados de la acusación mostraron su "perplejidad" porque los imputados se negasen a responder a sus preguntas y acusaron a los directivos de Hifrensa de no querer esclarecer el accidente.