El Gobierno central y las diputaciones tienen mes y medio de plazo para retirar todos sus recursos

VIENE DE LA PÁGINA 1 El acuerdo no garantiza el futuro, pero nadie quiso siquiera insinuar la posibilidad de que pueda haber una ruptura. La buena voluntad y el triunfo del Concierto fueron ayer los pensamientos más repetidos tanto por Rato como por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. El vicepresidente segundo, quien se reunió con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, pero no compareció ante la prensa en su compañía tal y como estaba previsto, resaltó que los mayores beneficiados por el nuevo acuerdo son los contribuyente, que ven como se abre un periodo de "seguridad jurídica".

El acuerdo, firmado formalmente en Vitoria por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y Zenarruzabeitia, en el seno de la Comisión Mixta del Cupo, termina con diez años de judicialización del Concierto Económico. El pacto se selló en privado, sin la presencia de los medios de comunicación. El acuerdo supone la retirada por el Ejecutivo central y las diputaciones de todos sus recursos pendientes ante los tribunales de justicia antes del próximo 1 de marzo y la derogación de algunos incentivos fiscales a la inversión. La Agencia Tributaria retirará 43 recursos vivos y las haciendas forales otros 26 presentados en casación ante el Tribunal Supremo. El resto de los recursos hasta el cerca del centenar existentes corresponden bien a las comunidades limítrofes o bien a patronales y cámaras de comercio. Sobre estos últimos no hay un compromiso claro.

Derogaciones puntuales

El acuerdo establece que la normativa que las Juntas Generales deben derogar afecta esencialmente a aspectos puntuales de las normas forales sobre el Impuesto de Sociedades. En todo caso, el núcleo central de la norma de Sociedades, con sus regímenes especiales y su tipo impositivo diferente, permanece. Las derogaciones sólo afectan desde el momento en que las normas sean una realidad y no con efectos retroactivos, lo que quiere decir que ninguna empresa que se esté beneficiando ahora de uno de estos incentivos tendrá que renunciar al mismo. Las derogaciones se tendrán que poner en marcha antes del 1 de marzo.

Las derogaciones más significativas corresponden a incentivos fiscales. Se suprimen la minivaciones fiscales para empresas de nueva creación, que suponían una reducción en la base imponible del 99%, el 75%, el 50% y el 25% en los cuatro primeros años de vida de la compañía. Al mismo tiempo desaparece el crédito fiscal del 45% a las inversiones de más de 2.500 millones de pesetas.

El diputado de Hacienda de Vizcaya, Javier Urizarbarrena, aseguró ayer que las diputaciones ya estaban estudiando derogar estas medidas dado que son de carácter excepcional y que su efecto real sobre la economía ya se había realizado.

Las Juntas deberán también suprimir la deducción por inversiones en activos fijos, que deberá pasar del 15% al 10% para las inversiones generales y del 20% al 10% en las que se crea empleo.

Junto a estas modificaciones, también se cambia el tratamiento de la doble imposición internacional para empresas y la desaparición de los centros de coordinación. Éstos últimos buscaban atraer las cabeceras de empresas con reducciones impositivas. Esta figura ha atraído al País Vasco a tres firmas, una por territorio, que seguirán manteniendo el mismo estatus. La última modificación del Impuesto de Sociedades corresponde a la transparencia fiscal internacional. Las otras dos derogaciones pendientes se refieren a las retenciones en relación a la emisión de deuda y al ingreso de las retenciones para los miembros de los consejos de administración de empresas.

La suma de la retirada de los recursos y de la derogación normativa supone para Rato un ejercicio de lealtad en el que por vez primera se han puesto de acuerdo varias comunidades autónomas, las administraciones vascas y el Gobierno central. Esta misma idea la ratificó Zenarruzabeitia, quien añadió la voluntad de seguir en esta senda. "De un encuentro pueden surgir un desencuentro, pero la idea es que el acuerdo permanezca en el tiempo. La voluntad es sellar la paz fiscal", indicó Zenarruzabeitia. La vicelehendakari abogó también para que esta vía de diálogo se utilice también en otros conflictos.

La Comisión Mixta también acordó el cupo líquido provisional para este año, que asciende a 144.000 millones de pesetas, y las compensaciones financieras provisionales por los impuestos especiales de fabricación para este ejercicio, 5.200 millones.