El ex gerente del consejo del Priorat admite que malversó dinero público

Enric d"Anguera, ex gerente del Consejo Comarcal del Priorat y militante de CDC, imputado en el denominado caso Priorat, se reconoce autor de los delitos de falsificación de certificados y malversación de caudales públicos en las conclusiones provisionales presentadas a la causa por su abogado, aunque justifica su comportamiento porque se realizó "con la única finalidad de obtener y optimizar el máximo de recursos para atender las necesidades de la comarca". D"Anguera se enfrenta a la pena solicitada por el fiscal de 12 años de prisión y 10 de inhabilitación por los delitos de falsificación, malversación y estafa, y es uno de los nueve imputados en el caso, entre ellos el ex presidente del consejo, Josep Maria Buil (CDC).

El abogado de Enric d"Anguera, Joan Castelló, consigna en sus conclusiones la comisión de un delito de falsificación de certificados y malversación de caudales públicos en tan sólo uno de los casos de los que el fiscal le responsabiliza, el relacionado con el programa Priorat-Net. A través de este programa el consejo pretendía la obtención de subvenciones del Departamento de Medio Ambiente y supuso, entre otras, la aportación de diferentes cantidades. Para acreditar ante la Administración el pago de las subvenciones concedidas, tenía cuentas corrientes inoperantes a nombre de dos sociedades fantasma, Prior-Arq y Arcade. En el escrito de la defensa se indica que el gerente nunca tuvo acceso a dicho capital y que, posteriormente, se dirigió a la entidad bancaria para solicitar el retorno del dinero al consejo. Asimismo, se asegura que D"Anguera no benefició de forma voluntaria a la empresa Ecològica de Residus, SA, enmarcada en el mismo programa, dado que desconocía que ésta duplicara las facturas que endosaba al consejo.

La defensa alega como atenuante el arrepentimiento espontáneo de D"Anguera y asegura que en enero de 1996, antes del inicio del procedimiento judicial, el gerente compareció ante el juez instructor para poner en su conocimiento él mismo los hechos, por si fueran constitutivos de delito.

El abogado, que solicita para su defendido la pena de un año de suspensión por el delito de falsificación y una multa de 360.000 pesetas y suspensión de empleo público por un plazo de un año y medio, inicia sus conclusiones contextualizando la situación de la comarca del Priorat. De ella afirma que, con una población de poco más de 10.000 habitantes, "es obvio que para la Administración superior no era lo que suele llamarse un granero de votos al que dedicar especial atención". La defensa explica también que el consejo comarcal se convirtió, en su creación, "en el ente administrativo más inmediato y sensible a los problemas de sus ayuntamientos, los cuales acudían siempre al consejo comarcal en busca de ayuda para solucionar sus problemas más perentorios y acuciantes". Asimismo, recoge que los únicos recursos propios con los que contaban estos organismos eran, "desgraciadamente", los provenientes de la Generalitat por transferencia anual y que sólo servían para atender los gastos corrientes, por lo que los consejos se habían visto obligados a recurrir a las subvenciones para "llenar de contenido político y financiero" sus actividades.

El caso del Priorat, que convulsionó a la comarca, estalló con la adjudicación de la presidencia del consejo a Unió Democràtica (UDC), en 1996, cuyos miembros denunciaron la existencia de un agujero de aproximadamente 150 millones de pesetas y la práctica habitual de solicitar subvenciones, a través de sociedades fantasma, para trabajos que nunca se llegaron a realizar o que estaban sobrevalorados como fuente de financiación irregular del organismo. La causa se encuentra en estos momentos en la Audiencia de Tarragona pendiente de señalamiento de juicio.

En la causa están imputados, además del ex presidente y del ex gerente del consejo, el secretario interventor del organismo, los cuatro consejeros que integraron la comisión de medio ambiente y dos empresarios.

La culpa, de Unió

El gerente de la empresa Ecològica, Armand Gutiérrez, atribuyó la responsabilidad del escándalo creado en el Priorat a "los hombres de Unió, que entablaron una guerra fratricida de acoso y derribo en el momento de tomar posesión de sus cargos en el consejo comarcal" y acusa a los responsables de Unió -el entonces presidente del consejo, Jaume Figueras, abandonó su militancia en el partido democristiano por entender que sus dirigentes le habían dado la espalda- de manipular la documentación entregada a la fiscalía. Todos ellos, a excepción de D"Anguera, piden su absolución.

El escándalo del Priorat supuso la división política de la comarca y representó un escollo más en las relaciones entre los dos socios de la coalición nacionalista CiU, únicamente superado por la moción de censura que desbancó de su puesto a Figueras, que fue relevado por la alcaldesa de El Masroig, la convergente Roser Vives, y por el socialista Salustià Álvarez hasta las pasadas elecciones.