El fiscal pide 200 millones de fianza para Jesús Gil y 100 para su hijo y Cerezo

El fiscal del caso Atlético pidió ayer al juez Manuel García-Castellón que imponga una fianza para eludir prisión de 200 millones a Jesús Gil, 100 a su hijo Miguel Ángel y otros 100 para el ex vicepresidente Enrique Cerezo. El juez, previsiblemente, decidirá hoy. El caso también sufrió ayer otro revuelo al alegar la defensa de Gil que el real decreto de 1969 que autoriza la administración judicial del club está derogado expresamente por la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada en el BOE del pasado 8 de enero, aunque no entrará en vigor hasta dentro de un año, en enero de 2001.

La continuidad de la administración judicial fue rápidamente puesta en entredicho por la defensa de Jesús Gil, en tanto que el fiscal Carlos Castresana dijo que no tiene consecuencias y que "en el 2001 hablaremos".A la vista de la situación, el juez aplazó su pronunciamiento sobre las medidas cautelares reclamadas por el fiscal: 200 millones de fianza para que Jesús Gil pueda eludir la prisión y 100 millones en los casos de su hijo Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético, y del ex vicepresidente del club, Enrique Cerezo. El juez Manuel García-Castellón se pronunciará previsiblemente hoy sobre las medidas solicitadas por Castresana, y estudiará el alcance de la derogación alegada por la defensa.

La disposición derogatoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) pasó aparentemente desapercibida a todas las partes, hasta que ayer, la defensa de Gil presentó un escrito en el juzgado reclamando su aplicación. Dicha disposición deroga expresamente, en su apartado 17, el decreto-ley 18/1969 de 20 de octubre, el llamado decreto Matesa sobre administración judicial en caso de embargo de empresas, aplicado en el caso del Atlético.

Pero al no entrar en vigor la ley hasta el 7 de enero de 2001, dicho decreto parece estar vigente al tratarse de una medida cautelar acordada antes de la entrada en vigor de la LEC. Sin embargo, la disposición transitoria séptima contempla que "se podrá pedir y obtener su revisión y modificación con arreglo a la presente ley".

Aunque todo es interpretable, la disposición transitoria parece dejar al criterio del juez la revisión de la administración judicial de Luis Manuel Rubí, y su sustitución por el nuevo sistema establecido en la LEC. A decir del defensor de Gil, el catedrático Horacio Oliva, un sistema "en el que se ponen de acuerdo acreedores y deudores, y todo se hace de mutuo acuerdo". No obstante, expertos juristas consultados por este periódico indicaron que la transitoriedad no es aplicable hasta el año 2001.

A su salida del juzgado, donde compareció en la vistilla en la que el fiscal pidió para él 200 millones de fianza, Gil, con aspecto mucho más satisfecho que el del día que compareció a declarar, se aferró a la parte del decreto que más le interesaba: "Me han quitado el club por un decreto ley de Matesa que está expresamente derogado el 8 de enero. Es muy duro ¿eh? Aquí está el escrito diciendo lo que hay, que es una ley derogada. Aunque para Gil valga todo, ¡coño!, ya derogado y todo no..."

Gil sostuvo que "cualquier cosa que se acepte aquí tendrá que adaptarse a esta nueva ley, pero como lo mío es tan especial..." Agregó después que se enteró de la derogación del real decreto el domingo por la noche y bromeó: "Yo no lo he descubierto, me lo han descubierto. Esto es para mí el décimo de lotería, el del Niño..."

El ex presidente del Atlético cargó contra la gestión del administrador judicial designado por García-Castellón, Luis Manuel Rubí, "que cumple órdenes específicas": "Ha cogido ahora 5.000 millones, porque la idea es gastarse el dinero, pagar a Hacienda, y dentro de 15 días decir que no hay dinero, que este proyecto es inviable, y a liquidar..."

El fiscal Carlos Castresana fundamentó su petición de medidas cautelares para Gil, su hijo y el ex vicepresidente del Atlético en el "riesgo de reincidencia en el delito" ya que, según fuentes jurídicas, el fiscal alegó que Gil puede seguir realizando contratos con dinero negro, puesto que ha reconocido que lo hizo en el pasado.

Acusaciones particulares

Por el contrario, y contra lo que es habitual, las acusaciones particulares no secundaron la petición de prisión del fiscal.

El abogado de la asociación Neptuno, Juan Carlos Riera, que representa a varios accionistas del club, consideró "todavía muy precipitado" pedir medias cautelares contra Gil, ya que antes hubiera preferido aclarar algunas actas de las juntas, los contratos con la sociedad holandesa Van Doorn o pedir la declaración del notario que autorizó la escritura de transformación del Atlético en sociedad anónima deportiva.

Pese a ejercer la acusación popular, Riera insistió en que "no tenía sentido" la vistilla contra Gil "en este momento", y respecto a Cerezo y Gil Marín no creyó que fuera necesaria "medida cautelar de ningún tipo".

Al igual que el fiscal, este abogado opinó que la derogación de la administración judicial no tendrá lugar hasta el año 2001, pero expresó su preocupación por la situación del club y pidió que, de seguir la administración judicial, se nombren al menos los interventores previstos en el decreto Matesa.