Bruselas investiga la sexta denuncia por temas ambientales en obras vascas

La Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea tiene ya en sus manos la sexta queja sobre obras en el País Vasco. La última ha sido el proyecto de los túneles de Artxanda, la nueva autovía de acceso a Bilbao con peaje, que se encuentra en ejecución desde mayo pasado. Bruselas investiga, tras admitir a trámite la queja planteada por un particular, posibles daños ecológicos causados por las obras en el monte Artxanda.

La Dirección XI europea, que se encarga de los asuntos medioambientales, está indagando otras cinco quejas: tres se refieren a la falta de estudios de impacto ambientales en las obras de ampliación del aeropuerto de Sondika, la celda de lindane ya construida en terrenos del aeródromo y el centro comercial Artea. Las otras dos se basan en la supuesta vulneración del derecho a la información a los ciudadanos en el caso de la celda de lindane y el proyecto de ejecución de otro depósito de seguridad del pesticida en Barakaldo, cuyas obras empezaron en noviembre.El proyecto de los túneles de Artxanda, que empezó a ejecutarse en mayo y se espera su conclusión en un plazo de año y medio, es el más reciente. Un vecino planteó la queja en septiembre y la Comisión Europea decidió admitirla a trámite el mes pasado. La Dirección XI ha solicitado a los abogados de los vecinos que se oponen al actual proyecto abundante documentación sobre la obra y las afecciones al entorno. En concreto, indagará sobre la desaparición de zonas verdes y la afección a la flora y fauna, aspectos en los que se fundamenta la queja admitida. Además, examinará la proximidad del trazado de la autovía a bloques de viviendas, que según los afectados "sólo pasará a 30 metros". Los vecinos de la zona, que se oponen al trazado aprobado, han presentado también una denuncia en los tribunales. Argumentan o que la Diputación ha ocupado "ilegalmente" una zona verde y ha incumplido el procedimiento que establecen las Directrices de Ordenación del Territorio de requerir la aprobación del Gobierno vasco, así como el plan de márgenes de ríos y arroyos, al existir un cauce fluvial en la zona de obras. A estos planteamientos, que aparecen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado año por los residentes de la Avenida de Universidades, añadieron en noviembre la petición de una paralización cautelar de los planes urbanísticos aprobados. Esta última solicitud fue desestimada al mes siguiente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Largo procedimiento

La decisión que adopte la Comisión Europea no es, en cualquier caso, vinculante para la Administración vasca. Puede archivar la reclamación o aceptarla, y, en este caso, abrir un procedimiento de infracción que llevaría aparejada la adopción de una serie de medidas. Si las autoridades hicieran caso omiso, el Ejecutivo europeo tiene la potestad de actuar de oficio y llevar estas cuestiones al Tribunal de Luxemburgo. Sin embargo, dados los antecedentes de las otras quejas que en algunos casos cumplen ya dos años de investigación, lo más probable es que la construcción de los túneles de Artxanda esté finalizada cuando se dicte la decisión comunitaria.

Mientras, los vecinos que se oponen al proyecto han retomado las negociaciones con la Diputación, que se pararon con la interposición de la demanda judicial. Los residentes, entre los que se encuentran significados militantes del PNV, se resignan a la realización de la obra, pero quieren que el vial se aleje más de sus viviendas.

En los últimos contactos, el Departamento de Obras Públicas ha mostrado su disposición a volver a estudiar el proyecto, pero sin compromisos concretos.

La concesionaria de los túneles de Artxanda se muestra dispuesta a "estudiar todas las mejoras que se puedan hacer", pero sin que se cuestione el actual trazado. Un portavoz aseguró que cualquier cambio supondría la paralización de las obras por los múltiples trámites burocráticos que requeriría y las consiguientes pérdidas económicas para las empresas implicadas en la Unión Temporal de Empresas, integrada por las constructoras Bycam, Ferrovial y Agroman, la concesionaria de la A-8, Europistas, y la BBK.