El primer geriátrico vasco con un modelo mixto de gestión pública y privada empezará a funcionar en un año

Ayer se colocó la primera piedra de la residencia para mayores de Ariznavarra, la primera en el País Vasco que funcionará con un modelo mixto entre lo público y lo privado. El acto lo presidió el diputado general alavés, Ramón Rabanera, aunque se trata de un proyecto heredado del anterior ejecutivo, del PNV. El proyecto, de hecho, se adjudicó hace casi un año (el 23 de febrero) a la empresa Quavitae, participada por Caja Madrid. Mediante esta fórmula, que ya se ha extendido por varias provincias españolas, la adjudicataria se encarga de los gastos de construcción y equipamiento, que suponen 1.228 millones de pesetas (7,3 millones de euros). Además, contribuye aportando el personal que atenderá la residencia (100 profesionales) y realizará la gestión del servicio. A cambio, la empresa recibe del Instituto Foral de Bienestar Social 285.000 pesetas mensuales por cada persona acogida, el equivalente al gasto de mantener a cada residente en cualquier centro público. Los usuarios pagarán la misma cantidad que en otras residencias, hasta un máximo de 123.000 pesetas, dependiendo de los ingresos de cada uno (sólo el 25% de las personas paga la cuota máxima). La Diputación también elaborará la lista de personas que accederán al geriátrico, según los criterios habituales.

La residencia se construirá sobre un terreno de casi una hectárea y, según avanzó ayer el director general de Quavitae, Alfonso de Pedro, el edificio se pondrá en marcha "a principios del año próximo". Tendrá una capacidad para 140 personas de forma permanente y otras 60 para el centro de día, con lo que la lista de espera en Álava se reducirá hasta un número mínimo. Actualmente la Diputación tiene registradas a unas 250 personas a la espera de una plaza.

"Ahora tenemos en la provincia 4,8 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. La Unión Europea aconseja que el porcentaje sea de cinco por cada 100. Pero más que alcanzar esa cifra queremos disponer de todas las plazas que sean acordes a la realidad actual", comentó la diputada de Bienestar Social, María Teresa Sagarna. En Álava, la red de geriátricos cuenta con 800 plazas.

Este nuevo modelo, no obstante, ha recibido críticas por parte de algunos partidos de la izquierda a los que no les salen las cuentas. Teniendo en cuenta que Quavitae paga los 1.228 millones de inversión y los salarios del personal, no entienden cómo la empresa privada puede obtener beneficios cobrando el mismo precio que en residencias públicas. Los socialistas, por boca del ex diputado de Bienestar Social Jesús loza, han expresado sus dudas sobre la rentabilidad de la residencia y las condiciones de trabajo de los profesionales de Ariznavarra: "En Navarra han quebrado las cuatro residencias que había de este tipo. Creo que disminuirá la calidad y las condiciones laborales serán peores que con las de la Diputación", señaló Loza.