El Ayuntamiento reclama 3.647 millones a constructoras de aparcamientos de residentes

Un grupo de constructoras de aparcamientos para residentes debe al Ayuntamiento 3.647 millones de pesetas en concepto de un canon impagado, según los datos de Hacienda. El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, confirmó ayer que hace tiempo ordenó embargar cuentas corrientes y fincas de estas firmas a la espera de que paguen. Algunas de estas empresas, que suman 11, alegan que están dispuestas a pagar las deudas vendiendo al municipio plazas libres de aparcamiento que no consiguen colocar en el mercado y que es la causa de su mala situación económica.

Estas deudas ascendían en 1997 sólo a 2.000 millones. En dos años no sólo no se han aminorado, sino que han credido. El agujero se remonta a varios años atrás. En 1992, el gobierno municipal del PP aprobó recargar la adquisición de una plaza de aparcamiento para residentes (PAR) con un impuesto que encarecía la operación de 150.000 a 700.000 pesetas, dependiendo de la categoría de la calle y de su ubicación. La regla parecía clara: las empresas concesionarias encargadas de construir estas plazas subterráneas y de vendérselas luego a los vecinos cobrarían este canon al cliente y se lo devolverían luego al Ayuntamiento. La primera parte de la operación salió; pero la segunda, no. Los 3.647 millones que adeudan estas empresas al municipio son recargos de este tipo cobrados a los clientes pero no ingresados a las arcas municipales. El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, confirmó ayer a EL PAÍS que ya ha dado hace tiempo la orden de que a estas 11 empresas se les embarguen las cuentas corrientes. "Estas empresas son conscientes de que tienen que pagar, y nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano para que lo hagan", explicó el edil.

Cuatro de las empresas no sólo tienen embargada la cuenta corriente, sino también fincas de su propiedad, y así figura en el Registro de la Propiedad para que quede constancia ante cualquier tipo de operación inmobiliaria.

Una empresa, 921 millones

La empresa que más dinero debe es GDR, que gestiona cinco aparcamientos de residentes (Espinillo, Hernani, Illescas, Peñuelas, Rosales III y Sarriá), y tiene que pagar 921 millones de pesetas. En este caso, el Ayuntamiento lo tendrá difícil, ya que GDR se ha declarado en suspensión de pagos.

"En algunos casos hemos recurrido a la vía penal, pero los jueces no nos dieron la razón y creyeron conveniente que estas empresas invirtieran en los mismos aparcamientos el dinero que adeudaban al Ayuntamiento. Claro que esto no obsta para que podamos embargarles las cuentas", dice Bujidos.

Luis Fidalgo, de la empresa Promotora Bristol, SL, que según los datos de la Concejalía de Hacienda, debe 269 millones de pesetas, asegura que "se está trabajando en ese problema".

"Llevamos mucho tiempo con esto y hemos tenido muchas reuniones con el Ayuntamiento recordándole que ese canon es algo ya pretérito. De cualquier manera, no nos ocultamos. Hay empresas que han quebrado y que ya no se puede hacer nada con ellas. Pero nosotros no. No nos escondemos: lo que hemos propuesto al Ayuntamiento es que se quede con plazas libres de aparcamientos que tenemos, que las puede necesitar, y que así nos perdone la deuda. Es una manera de llegar a un acuerdo", añade Fidalgo.

Luis Fidalgo recordó que el canon aprobado en 1992 fue retirado en julio de 1997 "en vista de que no se vendían las plazas". "Así que las deudas, en el fondo, son consecuencia de un canon que ya no existe", añadió. Según el representante de Promotora Bristol, cuando se aprobó el canon, en 1992, "el sector parecía en alza". Pero el optimismo duró poco: "A los pocos meses empezó a cambiar el asunto: la gente dejó de comprar plazas de garaje, que, además, no son de propiedad", señala el representante de Promotora Bristol, SL. "Por entonces una plaza de garaje costaba entre 1.200.000 y dos millones. Ahora valen igual", calculó Fidalgo.

Las plazas de aparcamiento de los PAR (en Madrid hay cerca de 70.000) no se pueden comprar en propiedad. Por ley, el subsuelo pertenece al Ayuntamiento, así que los vecinos sólo compran la plaza por un periodo de 50 años. Pasado este tiempo, la plaza revierte al municipio. Esto, según Fidalgo, echa para atrás a muchos vecinos. Ahora mismo existen en la ciudad más de 5.000 plazas de aparcamiento de residentes sin ocupar esperando un comprador, muchas de ellas pertenecientes a estas empresas deudoras.

"Que no se pueda adquirir la plaza en propiedad echa para atrás a mucha gente", asegura Fidalgo. El concejal Bujidos está de acuerdo: "Si se vendiera la plaza en propiedad, serviría como aval a la hora de pedir préstamos a bancos, y eso animaría a la gente", dice.

Críticas del PSOE

El concejal socialista Eugenio Morales criticó "la mala gestión de los aparcamientos del gobierno del PP". "Yo no me meto con la política de Hacienda, que hace bien en perseguir a estas empresas, pero sí con la de Tráfico, que fue la que, en su tiempo, concedió esos aparcamientos a ciertas empresas que no han resultado muy fiables", señala. "Además", prosiguió, "queda claro que muchas plazas de aparcamiento luego han resultado invendibles, bien por ser caras o porque estaban en zonas donde hay escasa demanda vecinal".

El Ayuntamiento lleva más de dos años intentando vender en propiedad las actuales plazas en concesión. Pero se lo impiden determinadas lagunas jurídicas en torno a la imposibilidad de traspasar la propiedad municipal. Morales no está de acuerdo con la venta: "Es una consecuencia de una mala política. Al final, habrá que privatizar hasta el subsuelo de la ciudad, con lo que los madrileños perderemos un patrimonio que es de todos. Es la consecuencia de una gestión disparatada que ha durado mucho".