Un auditor concluye que el Gobierno usó datos inexactos para la prórroga de la A-4

,El Ministerio de Fomento recurrió a proyecciones económicas subjetivas y a hipótesis y datos inexactos para dar cobertura legal a la prórroga de la explotación del peaje de la autopista A-4 (Sevilla-Cádiz). El Consejo de Ministros en 1997 modificó los términos de la concesión y amplió 13 años más, hasta el 2.019, la explotación del peaje. Ésta es una de las conclusiones del informe económico redactado por la consultoría Control y Asesoramiento para la Diputación de Cádiz, gobernada por el PSOE y el PA.

El auditor afirma en sus conclusiones que la información económica que sustenta el acuerdo del Consejo para prorrogar la explotación privada de la vía no tiene "el suficiente respaldo objetivo" y "se utiliza la previsión de variables elaboradas ad hoc (especialmente)". "La conclusión final es que no es necesaria la ampliación de la concesión por 13 años más para garantizar los resultados razonables que en justicia deben corresponder a Aumar, ya que la evidencia de los errores y anomalías que se han puesto de manifiesto invalidan por completo esa conclusión", se afirma en el informe. El documento técnico arroja muchas sombras sobre el procedimiento utilizado por el Ministerio y halla "numerosas contradicciones" en la documentación empleada, lo que le permite "dudar de la objetividad de las proyecciones económico-financieras", que, en algunos casos, están elaboradas "para llegar a una conclusión predeterminada" en otros apartados del trabajo ministerial.

La demostración de que existe un desequilibrio económico para el concesionario de la carretera es una de las razones que empleó el Ejecutivo para argumentar la prórroga. Por el contrario, éste es uno de los aspectos menos demostrados según la Diputación y el informe de la consultora, que coincide en los grandes trazos argumentados en el recurso de la institución provincial al Tribunal Supremo contra la ampliación de la concesión. "Existen hipótesis y datos de partida que no son razonablemente coherentes", razona el auditor Juan Mancera, que considera que eso "incide" en los parámetros utilizados para justificar la prórroga. Entre ellos, cita los ingresos por peaje, los datos de rentabilidad de la empresa, las previsiones inflación y de tráfico, el coste del dinero, la tendencia de los tipos de interés o la pérdida de ingresos estimada por la bajada de las tarifas.

Uno de los aspectos que subraya el informe es que los cálculos económicos realizados sin incluir la disminución de las tarifas para los usuarios arrojan la misma previsión de tránsitos de vehículos que el informe en el que sí se valora cómo incidirá la disminución del precio del peaje.

El presidente de la Diputación, Rafael Román (PSOE), arremetió ayer con dureza contra la actuación técnica y política del Ministerio: "Son estudios interesados, opacos, contra los intereses públicos de la provincia de Cádiz. Se ha utilizado la ley del embudo: todos los beneficios para la concesionaria y la parte estrecha del embudo le toca a los ciudadanos de la provincia".

La prórroga firmada por Fomento ha sido la tercera desde que existe la carretera de pago, la única de Andalucía que no dispone de una autovía alternativa gratuita. La primera la suscribió el Gobierno de UCD por siete años, trasladando el final de la misma a este año. La segunda la firmó el PSOE por otros siete años, con lo que la carretera incluiría en el 2.006. Con la última promovida por el PP, la A-4 será de pago hasta el 2.019. El último acuerdo supera en varios meses el periodo máximo establecido, de 50 años.