España

A las declaraciones extremadamente críticas de Aznar contra los nacionalistas vascos en Belén ha seguido el anuncio de que prepara un gran mitin en defensa de la Constitución frente a quienes proponen su reforma. En su viaje relámpago a Ceuta y Melilla, ya ha anticipado algunas claves del chaparrón que se avecina en esta precampaña electoral: Aznar pretende erigir al PP como único garante de la unidad nacional y de la Constitución, frente a quienes cuestionan o relativizan la una y la otra.Es decir, el discurso construido entre la derrota por la mínima de 1993 y la victoria por los pelos de 1996, y que sería arrinconado con las urnas recién cerradas a favor de otro alternativo, que convertía en virtud la necesidad de pactar con los nacionalistas. No se trata, por tanto, de un discurso nuevo, sino del retorno al pasado anterior a 1996, con la novedad (relativa) de que en esta ocasión busca la confrontación directa con los socialistas también en este terreno. Amén de ridículo, el propósito puede resultar suicida. Una de dos: o se exagera el peligro de ruptura que se denuncia a partir de las exigencias nacionalistas o, si lo hay, resulta insensato pretender plantarle cara enfrentándose al mismo tiempo con su único aliado posible, el PSOE.

Las propuestas federales aprobadas por los socialistas en su último congreso podrán ser discutibles y estar faltas de concreción; pero es injusto no ver en ellas un intento de salida a una situación de crisis del Estado autonómico que puso de manifiesto la Declaración de Barcelona. En cualquier caso, no resiste la lógica que se vean como un ataque a la Constitución.

La crisis autonómica es, en buena medida, resultado de la política del Gobierno de Aznar en esta legislatura en relación con los nacionalistas. El presidente no puede haber olvidado la dinámica de agravios y emulación que desataron sus concesiones a Pujol y Arzalluz a cambio del voto de investidura. Los nacionalistas catalanes pidieron acto seguido la equiparación con las comunidades forales en materia de financiación, a la vez que el PNV daba por superado el Estatuto de Gernika, y todos en común proponían fórmulas más o menos estrambóticas, de corte confederal, de difícil encaje constitucional. El proyecto federalista tiene la dificultad de que es visto con reticencia por los propios nacionalistas cuya integración se procura, pero tiene a su favor la coherencia de un modelo probado. Es ridículo que Aznar se limite a ver "barullo" en ese intento de poner orden en el desorden actual.

El ministro de Defensa ha estado particularmente espeso e inoportuno al invocar al Ejército como garante de la integridad territorial de España. No porque esa función no sea constitucional y similar a la que atribuyen a las Fuerzas Armadas la mayoría de las constituciones democráticas (son las legislaciones no democráticas las que le asignan otras funciones, como la de garantizar el orden público), sino porque contribuye a plantear el debate suscitado por los nacionalistas en los términos que prefieren sus sectores más primarios y exaltados: los del enfrentamiento bélico entre patrias excluyentes. Pero precisamente lo esencial de la Constitución de 1978 es que cancela esa forma de patriotismo a favor de uno que recoge como un valor propio el pluralismo; también el pluralismo nacional. Y defender la Constitución es defender ese pluralismo.