Jean Luc Lagier declara hoy en los juzgados de Valencia por el "caso Ivex"

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, que investiga la querella por delito societario presentada por el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), tomará hoy declaración a Jean Luc Lagier, responsable de las empresas supuestamente beneficiarias de los avales autorizados por el ex director del instituto José María Tabares y que pueden provocar un quebranto económico a la Generalitat superior a los 1.000 millones de pesetas. El empresario francés explicará hoy su versión de lo ocurrido después de dos meses de absoluto mutismo. El responsable del grupo Lagier está citado en el juzgado a las diez de la mañana en calidad de imputado por la querella por delito societario presentada contra él y contra Tabares por el Ivex. Dos empresas de Lagier -la tunecina Sonotube y la belga Graficom- aparecen como beneficiarias de los avales autorizados en 1999 por Tabares a propósito de una operación concebida para facilitar a Ford España la exportación de sus vehículos a Túnez.

Este escándalo tiene su origen en un contrato suscrito en julio de 1995 entre el Ivex y Ford España, por el que la primera, una sociedad de la Generalitat, se encargaba de generar derechos de compensación -que gravan las importaciones de terceros países- para que la multinacional del automóvil vendiera sus coches al país magrebí. Desde Túnez, Sonotube, propiedad de Lagier, exportaba material eléctrico a la belga Graficom, del mismo grupo, generando así los citados derechos. A tenor de las informaciones disponibles, el Ivex actuó inicialmente como intermediario de esta operación -le compraba el producto a Sonotube para luego vendérselo a Graficom-.

Según Tabares, el Ivex se desvinculó en 1997 de las operaciones entre las empresas de Lagier, al menos directamente. Sin embargo, el agujero económico denunciado en octubre por el Ivex, desencadenante de la investigación que sigue el magistrado Ríos, era, de nuevo, resultado del contrato con Ford. Tabares avaló, en nombre del instituto público, una serie de letras de cambio libradas entre junio y septiembre por 1.400 millones de pesetas, de las que se beneficiaron las empresas de Lagier. ¿Cómo? Sonotube descontó anticipadamente las letras de cambio garantizadas por Tabares, pero, llegado el vencimiento, Graficom no las pagó. En este caso, la ley obliga al Ivex a cubrir el descubierto antes las entidades financieras.

Esta es una de las cuestiones que se espera que Lagier aclare hoy al juez. ¿Por qué una de sus empresas cobró las letras y otra, también de su grupo, no las afrontó? La radiografía del grupo Lagier ha variado desde que la actual directora del Ivex, Carmen de Miguel, denunciara el escándalo. En su primera y única aparición pública, De Miguel dijo que Sonotube estaba inactiva desde septiembre de 1998, y de Graficom, que era una empresa comercial sin apenas patrimonio.

Interrogantes

Según ha publicado EL PAÍS, las sociedades tunecinas de Lagier implicadas en el caso Ivex -Sonotube y Smac (ésta realizó transacciones relacionadas con el contrato de Ford y el Ivex en 1996) estaban activas y facturaron en 1998 cerca de 3.200 millones-. Según el registro mercantil de Túnez, estas dos empresas siguen con su actividad en sus centros de producción, a 135 kilómetros de la capital del país. Ambas, propiedad de Jean Luc Lagier, fabrican estructuras metálicas, expositores y muebles de oficinas. Lagier, cuyo grupo tiene su sede en París, constituyó en 1996 su filial española en Valencia. Ésta apenas ha tenido actividad.

Otro de los interrogantes que probablemente se resuelva hoy es cómo el Ivex contacta con el grupo Lagier y cómo el instituto público acaba avalando a unas empresas que, según la versión ofrecida por De Miguel, están prácticamente inactivas. La explicación facilitada por los actuales gestores del Ivex es que Tabares firmó esos avales sin permiso del consejo de administración, que preside el consejero de Comercio de la Generalitat.

El ex director del Ivex, quien declaró el pasado 15 de diciembre durante más de 10 horas ante Ríos, aseguró, en cambio, que los órganos de gobierno estaban al corriente de esta operación.