Juicio contra una banda que sobornó a un policía para traer inmigrantes

El fiscal pide dos años de cárcel para dos ciudadanos chinos y otro guineano que ofrecieron 1.000 dólares (unas 160.000 pesetas) a un agente del Cuerpo Nacional de Policía por cada inmigrante ilegal que dejase franquear la aduana de Barajas para entrar en España. Los acusados, a los que el fiscal imputa un delito de cohecho, son Enrique Edu E. N., de 36 años y natural de Guinea, y los ciudadanos chinos Junjie Ch., de 26, y Jianming H., de 31. El policía informó a sus superiores del ofrecimiento de la banda y, con la aquiescencia de éstos, se infiltró en ella. Su labor fue decisiva para desarticular una organización que cobraba fuertes sumas a los inmigrantes por introducirles ilegalmente en España y que destinaba al soborno parte del dinero que recibía.

El ministerio público pide para cada uno dos años de cárcel y el pago de una multa por importe de 24.000 dólares. El policía acudirá al juicio, que se celebrará en la Audiencia de Madrid bajo la modalidad del jurado, en calidad de testigo protegido. El fiscal explica que Enrique Edu, en connivencia con los otros dos acusados, "contactó en diciembre de 1998 con el policía con carné profesional 26.794" y que le ofreció 1.000 dólares por cada inmigrante ilegal que, a propuesta suya, permitiese pasar por la aduana. Para convencerle, el acusado comentó al policía que "podría ganar mucho dinero". Tras ese primer contacto, ambos quedaron en reunirse y matizar el plan.

El abogado del Estado, que intervendrá como acusación en el juicio, especifica que la reunión acaeció "en un restaurante de la Gran Vía". Fue a esa cita con la finalidad de "conocer más detalles" sobre la estructura de la organización. El 15 de diciembre de 1998, el policía recibió una llamada telefónica de la banda en la que le comunicaron que dos días después, el 17, llegarían a Barajas, procedentes de Pekín, tres ciudadanos chinos que portarían falsos pasaportes de Corea.

El agente recibió también un fax con los nombres y los números de pasaporte falsos de cada uno de ellos. Los inmigrantes llegaron y el agente hizo la vista gorda. Por ello recibió lo pactado, 3.000 dólares, dinero que entregó a sus superiores.

La segunda entrada ilegal de ciudadanos chinos en España se materializó el 27 de enero de 1999. En esta ocasión llegaron cinco inmigrantes y el policía cobró otros 5.000 dólares. Estos cinco inmigrantes portaban pasaportes cuyas fotografías originales habían sido sustituidas por otras de ellos. Fue en ese momento cuando los agentes dieron por concluida la investigación y los detuvieron. En un registro efectuado en casa de uno de ellos, la policía decomisó útiles para falsificar documentación. Los abogados de los inculpados niegan los hechos.