El tirón de las medicinas y el sexo

Los mejores jueces para evaluar el trabajo de la Consejería de Salud durante los últimos cuatro años son anónimos y se cuentan por miles: los usuarios del sistema sanitario andaluz, sobre quienes repercuten los aciertos y errores en la gestión. Pero al margen del balance que haga cada uno, hay un inventario incontestable de logros e incumplimientos.Los logros: el contramedicamentazo, la Ley de Salud, un acuerdo de financiación con el Gobierno central muy beneficioso para Andalucía, cuatro nuevos hospitales, la puesta en marcha de la libre elección de especialista y hospital y la cobertura de las operaciones de cambio de sexo. Los incumplimientos: reforma de la atención primaria inacabada, más de 16.000 trabajadores interinos, listas de espera kilométricas para pruebas diagnósticas y consultas a especialistas, 90.000 millones de deuda con los proveedores, Ley Farmaceútica consensuada pero sin aprobar y dos decretos en el tintero, el de autolimitación del tiempo de espera y el que consagraría el derecho a una segunda opinión médica.

Aunque el balance de aciertos y desaciertos es casi unánime, luego el análisis crítico de la oposición y los sindicatos frente a la lectura optimista de la Consjería rompe esa coincidencia. Sin dudas, la medida más política y polémica fue la decisión de cubrir el coste de las medicinas excluidas por la administración central mediante el llamado medicamentazo. El contramedicamentazo -como las pensiones- fue más que una medida para aliviar el bolsillo de los andaluces. En plena confrontación con el Gobierno de José María Aznar, la réplica al medicamentazo fue un golpe efectista al PP, un desmarque de su política, un mensaje nada subliminal de que el PSOE tiene mayor sensibilidad social. Andalucía es la única comunidad autónoma donde se aplica. El gobierno navarro intentó algo similar, pero el Parlamento le echó atrás su propuesta.

El consejero, José Luis García de Arboleya, se ufana de que aún con los 2.300 millones anuales necesarios para cubrir los medicamentos sacados del paraguas de la Seguridad Social por Madrid, aún el gasto farmaceútico en Andalucía crece dos puntos por debajo de la media nacional. Buena gestión, según Arboleya. PP, IU y CSIF tienen otra explicación. Tras el contramedicamentazo, se intensificaron las presiones a los facultativos para que no prescribieran las medicinas que corrían por cuenta de la Junta. Según IU, estas recetas sólo suponen el 1%. Salvo las críticas de los populares, que tachan la medida de electoralista y la rechazan porque quiebra la solidaridad territorial en la racionalización del gasto farmacéutico, los demás agentes sociales y políticos la respaldan.

El acuerdo de financiación alcanzado con el Gobierno central es otro tanto que se ha apuntado la Consejería. Casi 300.000 millones extras para el período 1997-2001. Una inyección económica con gran trasfondo político, porque en el acuerdo, el Gobierno central reconoce el censo real. 400.000 andaluces más que Madrid no admite en ningún otro ámbito. Arboleya lo considera un éxito sin paliativos: "Hemos puesto en contradicción al PP". Los populares hacen otra lectura. Reprochan al consejero no haber sabido aprovechar la "generosidad" del Gobierno para acabar la reconversión de la atención primaria o para modernizar la infraestructura hospitalaria.

La reforma de la red de atención primaria, que debería haberse completado hace 10 años, sigue inacabada. El compromiso de los socialistas es terminarla en el 2000. El retraso afecta fundamentalmente a las capitales. Hay cuatro hospitales nuevos. Poniente, Huércal Overa, Antequera y Andújar. CC OO sin embargo echa en cara a la Consejería que haya perdido "la iniciativa en la planificación hospitalaria, que a pasado a manos privadas". Unos argumentos que en líneas generales comparte UGT, sindicato desde el que se critica que, con un incremento del 8% en el último año, los conciertos se hayan convertido en una línea de financiación para el sector privado que debería reorientarse a la sanidad pública. La Consejería sitúa el aumento en la mitad (4%).

La libre elección de hospital y especialista, medida en la que también Andalucía es pionera, está consagrada más en los papeles que en la realidad. "Lo importante es que hemos dado el paso, ya iremos perfeccionado sobre la marcha", se defiende el consejero. La Ley de Salud sí que es una realidad. La primera normativa autonómica en materia sanitaria consagra la universalización de la asistencia, una garantía que ninguna otra comunidad ha plasmado en su legislación. La tarjeta sanitaria, en cambio, dista mucho de estar generalizada. Un retraso que según Arboleya no es imputable ni a su Consejería ni al Ministerio de Trabajo, sino a la complejidad del sistema.

La Consejería sí asume que debe la friolera de 90.000 millones a sus proveedores, pero recuerda que en 1990 eran 200.000 millones. Aunque aún se deba casi la mitad, para Arboleya es un logro que se haya "embolsado" esa deuda, que se estén estudiando fórmulas para achicarla y que en el último bienio no se hayan acumulado más partidas.

En el plano laboral, hay otro frente: los interinos. Casi el 20% de los 76.000 trabajadores de la sanidad andaluza no tiene un puesto fijo. Las ofertas de empleo han sido impugnadas, derogadas o retiradas. Diez años sin que ninguna llegue a buen puerto. La última lleva más de un año, sin que se conozcan los resultados. Los sindicatos mayoritarios reconocen que se ha iniciado un proceso de estabilización en el empleo, aunque va demasiado lento para su gusto.