La Sindicatura detecta en 1998 por tercera vez el agujero en el Ivex por el contrato con Ford

El agujero generado en el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), como consecuencia de deudas no cobradas relacionadas con el contrato suscrito con la multinacional Ford, mantenía al final del año 1998 un saldo de 484 millones de pesetas, según el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a dicho ejercicio. Es la tercera vez que el organismo fiscalizador detecta esa anomalía. Por otra parte, el informe de la Sindicatura detecta un déficit de 70.000 millones de pesetas en el Presupesto de la Generalitat de ese año que, según el Consell, se cerró con un superávit de 764 millones.

El informe de la Sindicatura de Comptes vuelve a propinar un varapalo al Ivex al poner de manifiesto la existencia de "saldos deudores no contabilizados" por valor de 484 millones de pesetas por anticipos de comercio exterior derivados de operaciones de importación y exportación. Dichas operaciones están relacionadas con el contrato suscrito en 1995 con Ford España,SA, por el que el Ivex se obligaba a comprar productos metalmecánicos a la empresa Sonotube en Túnez y venderlos a la mercantil Apod en Francia para generar derechos de compensación que permitieran exportar automóviles Ford desde España a Túnez. Ambas sociedades pertenecen al empresario francés Jean Luc Lagier. El Ivex concedió avales por valor de 1.331 millones de pesetas a estas dos sociedades, que no hicieron frente a los mismos. El agujero motivó la presentación de una denuncia contra el anterior director del Ivex, José Maria Tabares, por parte de la actual dirección del organismo.La Sindicatura detecta que los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas del Ivex se incrementaron en 1998 en un 947%, ya que pasaron de los 58 millones de 1997 a los 611 del ejercicio siguiente. La explicación está, entre otras cuestiones, en el contrato suscrito con el cantante Julio Iglesias. En este apartado, el informe señala que en la mayor parte de los gastos analizados "se ha puesto de manifiesto que no se han suscrito los correspondientes contratos, no se han aplicado los principios de publicidad y concurrencia (...) y no han sido previamente aprobados por el órgano competente", aunque precisa que "la sociedad considera que la aprobación del gasto se produce a posteriori, cuando se da la conformidad a la orden de pago".

Vicente Rambla, consejero de Economía, celebró el contenido del informe de la Sindicaturas de Comptes relativo al ejercicio de 1998 que José Antonio Noguera, Síndic Major, entregó ayer a Marcela Miro, presidenta de las Cortes Valencianas. Según Rambla, el órgano fiscalizador "avala la eficaz gestión presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno valenciano en 1998, que concluye con un superávit de 746 millones de pesetas".

Sin embargo, la Sindicatura detecta gastos que no figuran registrados en las cuentas oficiales y cuyo despiste suma la friolera de 71.443 millones. Si la Sindicatura hubiera liquidado el presupuesto de 1998, lo habría hecho con un déficit de más de 70.000 millones.

El capítulo más voluminoso corresponde al servicio de asistencia sanitaria. El informe de la Sindicatura reza al respecto: "Las obligaciones no reconocidas a 31 de diciembre de 1998, por falta de crédito y con origen en el propio ejercicio, ascienden a 57.393 millones de pesetas, no quedando pendientes de ejercicios anteriores, según información facilitada por la Dirección General de Recursos Económicos".

Los gastos que dejó de contabilizar la Consejería de Sanidad, "por falta de crédito", se desglosan en 19.283 millones correspondientes a gastos de funcionamiento, consignados en el capítulo segundo, y 38.110 relativos a transferencias corrientes, o capítulo cuarto.

El detalle del informe de fiscalización es demoledor: "Las obligaciones del capítulo segundo se componen de 13.535 millones de pesetas derivadas de la adquisición de bienes corrientes y servicios de los centros de asistencia especializada y 5.748 millones de pesetas por prestaciones externas concertadas".

Agujero en farmacia

"En cuanto a las obligaciones del capítulo cuarto", sigue el texto, "37.506 millones de pesetas corresponden a la facturación de septiembre a diciembre de las prestaciones de farmacia y 604 millones de pesetas a gastos de prótesis y vehículos para inválidos". Es decir, la Sindicatura certifica que la factura de farmacia correspondiente al último cuatrimestre de 1998 nunca fue registrada, pero elude las interpretaciones sobre el origen de los fondos con los que efectivamente se pagaron esas obligaciones.

La segunda advertencia sobre gastos no registrados que señala el informe de la Sindicatura refiere también al servicio de asistencia sanitaria. El órgano fiscalizador señala que "no figuran contabilizadas a 31 de diciembre las obligaciones derivadas de la parte variable de la nómina de diciembre del servicio de asistencia sanitaria por un importe de 2.151 millones de pesetas". Tampoco fueron registradas "las obligaciones derivadas de las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la Generalitat", del mismo grupo de trabajadores, que la Sindicatura estima en 3.030 millones.

La partida de personal al servicio de la Generalitat arrastra otro despiste contable en la partida de gastos. Según la Sindicatura "no figuran contabilizadas al cierre del ejercicio las obligaciones derivadas por cuotas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en las nóminas del personal de la Generalitat Valenciana de los últimos ejercicios". La Sindicatura recuerda que, según un acuerdo formalizado entre la Generalitat y la Seguridad Social, en diciembre de 1998 la deuda ascendía a 2.838 millones.

Otro de los despistes contables parece detectado por casualidad. La Sindicatura hizo un seguimiento específico del programa de Bibliotecas, Archivos y Promoción Editorial, correspondiente a la Consejería de Educación y Cultura, y descubrió "la existencia de certificaciones de obra de 1998" derivadas de la restauración del monasterio de San Miguel de los Reyes "por importe de 763 millones de pesetas no contabilizadas a 31 de diciembre de 1998".

El último despiste que menciona la Sindicatura refiere a la revisión de expedientes de contratación. Según el órgano fiscalizador, "durante el ejercicio 1998" se han asumido gastos en los capítulos de gastos de funcionamiento e inversiones reales "que no fueron contabilizados a 31 de diciembre de ese ejercicio y que se contabilizarán con cargo a los presupuestos corrientes de ejercicios posteriores por un importe de 5.268 millones de pesetas".

El informe de la Sindicatura advierte de que "los gastos correspondientes al ejercicio de 1997 imputados al ejercicio 1998 han ascendido a 39.820 millones de pesetas". Es previsible que en su próximo informe la Sindicatura tenga que elevar esa cifra a 71.443 millones, por lo menos.

Entre sus conclusiones genéricas, la Sindicatura advierte sobre las modificaciones de la ley de Hacienda que se introducen anualmente a través de la ley de acompañamiento y recuerda que el Consell se comprometió a elaborar un nuevo texto en diciembre de 1995.