Un deseo hecho realidad

Hace no mucho tiempo, en febrero de 1995, un secretario de Estado del Gobierno socialista visitó Valencia para presentar, junto al entonces presidente Lerma, un estudio sobre el AVE. Según se recogieron en la prensa, sus declaraciones textuales fueron: "El AVE Madrid-Valencia será una realidad el próximo siglo. No me pregunten ahora si a principios o a finales".Afortunadamente, hoy, a punto de entrar en ese próximo siglo, tenemos una respuesta: será a principios. Esa gran incógnita que nos legaba, con un poco de socarronería, el último Gobierno socialista, está ya despejada. El Ministerio de Fomento acaba de poner en marcha el proceso de información pública que permitirá seleccionar y aprobar un trazado para el tren de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana. Esto significa que ahora nos corresponde a los valencianos reflexionar con seriedad y sosiego, analizar las alternativas que propone el Estado y tratar de llegar, entre todos, a un consenso sobre cuál es la solución más deseable, la que mejor se ajusta a los intereses de nuestra Comunidad. Pero lo más importante, lo que de verdad hace que la situación actual sea distinta de cualquier otra anterior, no es tanto la cuestión del trazado como que el AVE ha dejado de ser un deseo para convertirse en una certidumbre que empieza a encarnarse en realidades tangibles.

Si hemos llegado a esta situación no ha sido por azar ni por la evolución natural de las cosas. Hasta hace poco, no había absolutamente ningún compromiso por parte del Estado: el AVE Madrid-Comunidad Valenciana no estaba previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1988 que decidió la ejecución de las líneas Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona; tampoco se había incluido en la lista de proyectos ferroviarios que se aprobó en la cumbre europea de Essen de 1994, ni su ejecución o financiación por parte del Estado estaba en modo alguno garantizada por el Plan Director de Infraestructuras socialista.

Sin embargo, ahora nos encontramos en una situación completamente distinta de la de hace tan pocos años. Pero, ¿este cambio se ha producido porque sí? No. Ha sido un esfuerzo de voluntad y de impulso político por parte del Gobierno Valenciano, liderado por el presidente Zaplana, el que, con el único objetivo de servir al interés de nuestra Comunidad, ha hecho posible superar los obstáculos. Y en este esfuerzo hemos podido contar con el apoyo y la colaboración de amplios sectores de la sociedad civil valenciana, conscientes de que el AVE es una necesidad incuestionable para nuestro futuro. Así hemos conseguido que tanto las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha como el Estado hayan asumido este proyecto como propio. A pesar, todo hay que decirlo, del escepticismo, la incredulidad, y a veces hasta la hostilidad, de quienes se han empeñado en no querer ver en ese esfuerzo más que "promesas vacías", "cortinas de humo" o "realidades virtuales".

Ahora sí tenemos compromisos concretos por parte del Estado, que ha encargado expresa y formalmente a la empresa pública GIF la construcción y financiación del AVE Madrid-Comunidad Valenciana. Tenemos también un Presupuesto del Estado para el año 2000 con dinero para esta actuación. Tenemos un Plan de Desarrollo Regional que nos permitirá obtener la ayuda financiera de la Unión Europea. Y tenemos ya en información pública ese estudio de alternativas, paso previo imprescindible para decidir un trazado, obtener la necesaria Declaración de Impacto Ambiental y poder iniciar de inmediato los proyectos constructivos y las obras. Todas las previsiones que había hecho el Gobierno Valenciano se han ido cumpliendo.

Así pues, ya no hemos de seguir discutiendo si queremos AVE o no, si lo tendremos algún día o no. Esa discusión está superada. Ahora se trata de que decidamos cómo queremos que sea, por dónde tiene que pasar ese AVE que, ahora sí, vamos a tener. Hemos de ser conscientes de lo importante que es este momento y de la responsabilidad que estamos asumiendo.

En todo proceso de debate público como el que acaba de abrir el estudio de alternativas del ministerio, sobre todo cuando lo que está en juego es una infraestructura de la trascendencia del AVE, corremos algunos riesgos.

Uno de ellos es que se intente trasladar la lucha política, la competencia partidista, a un terreno en el que debería presidir, ante todo, la búsqueda de la máxima racionalidad y la defensa de los intereses generales de la Comunidad Valenciana. Manifestaciones de este peligro son, por ejemplo, negar validez a todo el trabajo hecho, trasladar a la opinión pública la confusa idea de que todo es una maniobra dilatoria o un puro y simple engaño, etcétera.

Otro riesgo que corremos es el de que cada uno nos encastillemos en nuestro particular prejuicio, en una idea preconcebida e inamovible, y nos obstinemos en despreciar cualquier otro criterio que se pueda aportar a la discusión.

Y un tercer peligro es, en fin, el pretender que las necesidades y los intereses en juego se contemplen y valoren desde una óptica puramente localista. Todos tenemos, claro está, la obligación de defender de la mejor manera posible lo que nos es más cercano. Pero también tenemos que ser capaces de entender la exigencia de que ese interés particular sea confrontado y ponderado, sin exclusivismos, con los demás intereses particulares. De otro modo, sería imposible llegar a una solución satisfactoria para el conjunto de las demandas y de las necesidades presentes.

Evitar tales riesgos y conseguir que del debate surja un consenso en torno a la postura más favorable a los intereses de toda nuestra Comunidad: esto es lo que el Gobierno Valenciano se ha marcado como objetivo, y vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para lograrlo. No queremos que se escuche la voz del Gobierno Valenciano; queremos que se oiga, por encima de todo, la voz de la sociedad valenciana.

Ahora bien, esto no significa que esperemos, ni siquiera que pidamos, unanimidades ni adhesiones inquebrantables. No se trata de enarbolar banderas. Se trata de que, entre todos, podamos llegar a articular un planteamiento serio, coherente y lo más beneficioso posible para todos los valencianos sin exclusión. Para eso es necesario que pongamos sobre la mesa todas las opiniones y todos los puntos de vista, y empecemos el debate de verdad. Ésta es la ocasión de hablar en profundidad y con objetividad sobre las alternativas de trazado, costes (financieros y ambientales), tiempos de recorrido y potencial de usuarios, para que podamos presentar y defender ante el Estado un denominador común que sea la opción de los valencianos. Y una cosa de la que sí podemos estar seguros es que, cuanta mayor racionalidad hayamos conseguido aportar a la decisión que finalmente se tome, tanto más favorable será ésta para nosotros.

Pero para que esto sea posible, para que podamos encontrar ese denominador común, es preciso que todos y cada uno participemos en el debate aceptando las reglas del juego. Si lo conseguimos, el porvenir es nuestro. Por el contrario, si cada uno llevamos aprendido nuestro catecismo particular y nos negamos a apreciar la parte de verdad o de razón que pueda haber en cualquier criterio ajeno, es posible que tengamos que acabar oyendo lo mismo que nos decían hace cuatro años: "¿AVE Madrid-Comunidad Valenciana? Pues... sí, habrá AVE, pero... ¡no me pregunten ustedes cuándo!

Pies]

José Ramón García Antón es consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes