Fabra aprueba el plan especial del nuevo aeropuerto de Castellón

La Diputación de Castellón dio ayer un nuevo paso de cara a la construcción de un aeropuerto en los términos de Vilanova d"Alcolea y Benlloch. La aprobación provisional del Plan Especial del enclave donde se levantará dicho aeropuerto fue respaldada en el pleno por los votos de los populares y la abstención de socialistas y Bloc Nacionalista. El dictamen desestimó las 28 alegaciones de diferentes colectivos y particulares presentadas a dicho plan elaborado y aprobado hace ahora un año.

El proyecto promovido por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, será remitido ahora a la Consejería de Obras Públicas para que proceda a su aprobación definitiva. Mientras, la Diputación esperará la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Ese fue precisamente uno de los argumentos por los que la oposición optó por no sumarse a la aprobación de dicho plan.Los grupos de la oposición consideran que se avanzan procesos que pueden quedar superados una vez llegue el informe preceptivo de Medio Ambiente. "Hay algunas objeciones ecológicas en las alegaciones que podría resolver definitivamente ese informe", argumentó el socialista Juli Domingo. Para él, hubiera sido deseable "instar a que el ministerio tuviera redactado el informe lo antes posible". Los socialistas, sin embargo, mostraron su apoyo al impulso que desde la Corporación provincial se está dando a esa nueva infraestructura para Castellón, cuyo coste de construcción podría alcanzar los 12.900 millones de pesetas, sin incluir las expropiaciones. La financiación del nuevo aeropuerto podría contar con fondos europeos.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Martínez, esgrimió que la aprobación ayer del Plan Especial no mengua los "derechos de algunos particulares en el proceso de expropiaciones ante posibles errores". Martínez tachó de demagogia el discurso de la oposición y dijo que este trámite administrativo es independiente de la declaración de impacto ambiental. Entre las alegaciones desestimadas figuraban las elevadas por la Plataforma d"Oposició al Projecte de l"Aeroport, Esquerra Unida y el Front del País Valencià. En cuanto se superen los nuevos obstáculos administrativos, la Generalitat se hará cargo del pago de las expropiaciones, que pueden ascender a 1.800 millones de pesetas.