Los magistrados franceses indemnizarán a las víctimas de sus errores

En contrapartida a la autonomía de los magistrados, proclamada en la vasta reforma judicial de la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, los jueces y fiscales franceses tendrán que rendir cuentas públicamente de sus errores y pagar a sus víctimas indemnizaciones mucho más substanciosas que las actuales. Una comisión compuesta por un miembro de la Judicatura y dos personalidades independientes examinará las quejas de los ciudadanos y trasladará al Consejo Superior de la Magistratura (CSM) las que estime fundadas. En la actualidad, los ciudadanos que se consideran perjudicados por el comportamiento irregular de un juez tienen como exclusivo recurso la denuncia escrita al ministro de Justicia. Unas 2.000 cartas llegan así mensualmente al despacho de Guigou.El anteproyecto de ley sobre la responsabilidad de los magistrados faculta a los presidentes de tribunal y a los fiscales generales a denunciar las actuaciones irregulares ante el Consejo Superior de la Magistratura. Las audiencias serán públicas, salvo secreto de Defensa o exigencia de protección a la vida privada, y los fallos se harán públicos.

Recelosa, cuando no irritada, por la autonomía otorgada a los magistrados, la clase política ha acogido el texto con alborozo, en un momento en el que muchos diputados y senadores, y no sólo de la oposición de derechas, acrecentaban sus amenazas de boicotear la reforma. La dimisión del procesado ministro de Economía, Dominique Strauss-Kahn, ha sido un elemento agitador de esa revuelta soterrada emprendida por quienes dicen temer la instauración del "Gobierno de los jueces". Los temores se asientan en las decenas de procesamientos por corrupción dictados por los jueces en los últimos años contra dirigentes de partidos.

Reticencias

Acosados por las investigaciones judiciales, una parte de los políticos franceses no termina de aceptar el final de una etapa caracterizada por la impunidad y por el control, no necesariamente remoto, ejercido sobre la Judicatura. Puede decirse que la sombra del helicóptero que, por encargo del ministro de la época, buscó hace tres años en el Himalaya al magistrado de vacaciones que debía resolver el caso de las corruptelas de la alcaldía de París no acaba de difuminarse. Políticamente, pues, la ministra de Justicia no ha podido ser más oportuna.

El texto sobre la responsabilidad de los jueces no corre riesgo de ser rechazado por las cámaras y será decisivo para levantar los vetos a los otros tres que han entrado en el proceso parlamentario. El primero, que debe ser sancionado con el voto de al menos tres quintos de las dos cámaras, modifica las atribuciones del Consejo Superior de la Magistratura, para que ese organismo sea más libre para decidir sobre el destino profesional de los jueces. El segundo texto pone fin a las instrucciones que el titular de Justicia daba a los fiscales sobre ciertos casos individuales, si bien el ministro podrá marcar las líneas generales y conservará el derecho a ser informado de los "asuntos delicados". El tercero permitirá a los detenidos un abogado desde el primer momento y retirará al juez instructor la potestad de prolongarla.