Vivienda financiará la construcción de 6.100 pisos sociales de alquiler en los próximos cuatro años La renta mensual de esas residencias públicas no superará las 25.000 pesetas

El nuevo Plan Director de Vivienda del Gobierno vasco para el cuatrienio 2000-2003 recoge un giro drástico en la política sobre los pisos sociales: todo el suelo que adquiera el departamento a partir de ahora para construir vivienda social se destinará al alquiler y no a la venta como ocurría hasta ahora. Así, el Ejecutivo pretende crear su propio parque de casas en alquiler. Su previsión es financiar la construcción de 6.100 pisos sociales de alquiler durante los próximos cuatro años, que no se arrendarían por más de 25.000 pesetas al mes.

En la actualidad, sólo Bilbao dispone de un significativo parque público de pisos con renta baja, pero depende del Ayuntamiento de la capital vizcaína y no del Gobierno. En los últimos tres años, Vivienda ha dado algunos pasos en el campo del alquiler, aunque de manera muy tímida: ha promocionado unos 300 pisos en las tres capitales vascas.El director de gabinete del consejero de Vivienda, Miguel Ángel Delgado, resalta que la nueva estrategia permitirá que los jóvenes con menos recursos puedan acceder a una residencia que se ajuste a sus posibilidades. "Es fácil decir que en Euskadi no existe cultura del alquiler y que los ciudadanos prefieren los pisos en propiedad, pero es que es muy difícil para los jóvenes apostar por el alquiler cuando la renta que se está pidiendo por un piso de 70 metros es de 100.000 pesetas" al mes, indica.

El borrador del Plan de Vivienda, al que tuvo acceso este periódico, recoge las actuaciones de los poderes públicos así como de los operadores privados para el próximo cuatrienio. Las actuaciones de mayor contenido social, dirigidas a los colectivos más necesitados, de mayor marginación y riesgo, serán acometidas por el departamento, que financiará directamente la construcción de 2.000 viviendas de alquiler, a razón de 500 cada año. La sociedad pública Visesa (compuesta por capital del Gobierno y de todas las cajas de ahorro vascas) se encargará de otras 1.800 (450 cada año). La sociedad operadora de alquiler -que es una filial de Visesa, pero con una participación más importante de las cajas, ya que llega hasta el 50%- financiará 1.500 (300 el año próximo y 400 los tres siguientes) y los operadores privados se encargarán de los 800 pisos restantes (a razón de 200 cada año). Las actuaciones de la iniciativa privada serán económicamente viables para sus promotores porque el departamento les ofrecerá unas condiciones ventajosas en cuanto a subvenciones y préstamos a largo plazo y bajo interés.

Mientras que las viviendas financiadas por el departamento, Visesa y la sociedad operadora tendrán un carácter social, lo que significa que su renta anual no será superior al 4% de su valor, las de los promotores privados serán de protección oficial, situándose su alquiler en el 6% de su valor. Teniendo en cuenta que el precio medio de un piso social ronda los ocho millones, el alquiler de las viviendas del Gobierno y de sus sociedades será inferior a las 25.000 pesetas al mes. En el caso de los pisos de protección, su valor gira en torno a los 12 millones, con lo que su renta se acercará a las 60.000 pesetas.

Además, el departamento prevé otra categoría de alquiler: para colectivos con necesidades específicas, como la tercera edad o grupos que reclamen una atención prioritaria. El Plan Director prevé para estos colectivos alojamientos con superficies de hasta 40 metros cuadrados útiles.

Alquileres indefinidos

Las viviendas promovidas directamente por el departamento estarán destinadas al alquiler por un plazo indefinido, sin que se contemplen opciones de compra ni compromisos de venta con los inquilinos, mientras no varíen las circunstancias que, en su momento, aconsejaron la promoción en alquiler. Sin embargo, el alquiler de las viviendas protegidas será por cinco años. Después se revisará el contrato.

Para acceder a una vivienda social en alquiler las ganancias de los solicitantes tendrán que abarcar desde las 600.000 pesetas anuales hasta los 2,5 millones de ingreso familiar ponderado, es decir que va en relación con el número de miembros de la unidad familiar. Hay una categoría específica para los perceptores del salario social (los ciudadanos sin recursos que reciben una ayuda de las instituciones de 51.000 pesetas al mes) y otra apartado para las viviendas de promoción privada en alquiler, cuyos demandantes no pueden superar los 3,5 millones de ingreso familiar ponderado.

Junto a la financiación para construir viviendas sociales de renta baja, el departamento trabaja sobre una serie de medidas que animen a los propietarios de pisos vacíos a sacarlos al mercado de alquiler. Así, concederá ayudas a la rehabilitación si están en mal estado y negociará incentivos fiscales con las diputaciones para los dueños.

En la actualidad, los principales demandantes de una primera vivienda en Euskadi son esencialmente jóvenes, con empleo temporal y cuya capacidad financiera sólo les permite acceder a promociones de hasta 12 millones de pesetas. Frente a esta demanda, el precio medio de un piso libre supera los 22 millones de pesetas, mientras que el mercado de protección oficial, que sí oferta pisos más asequibles -de 8 a 12 millones- es insuficiente para atender todas las necesidades. Además, según los datos del Departamento de Vivienda, sólo el 1% de los alquileres en el País Vasco baja de las 40.000 pesetas mensuales. El último estudio realizado sobre el precio de los alquileres reveló que las capitales vascas están entre las ciudades de España con las rentas más altas. Arrendar un piso de 70 metros puede costar, en el mejor de los casos, 70.000 pesetas en Vitoria, Bilbao o San Sebastián.